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La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades en los registros de ingreso y salida de personas durante una celebración realizada el 8 de abril de 2026 en el complejo penitenciario La Paz, donde se presentó una agrupación musical ante cabecillas de estructuras criminales recluidos en el establecimiento.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades en los controles de ingreso y salida de personas de la cárcel La Paz, en Itagüí, Antioquia.
La decisión incluye al director encargado del establecimiento para la fecha de los hechos y a otros cinco integrantes del personal de vigilancia y administración. Según el organismo de control, se habrían presentado omisiones en los registros y reportes de novedades relacionados con el ingreso y la permanencia de visitantes.
Los funcionarios cobijados por el pliego de cargos son los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia; el inspector Eduardo Parra Ceballes, y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.
De acuerdo con la Procuraduría, las presuntas faltas fueron calificadas como gravísimas a título de dolo. Con la formulación de cargos, el proceso disciplinario pasó a la etapa de juzgamiento, durante la cual los investigados podrán presentar sus argumentos y ejercer su derecho de defensa.
El objetivo de la investigación es establecer si las presuntas omisiones constituyeron faltas disciplinarias y determinar la responsabilidad individual de cada funcionario.
Investigación a otros funcionarios y copias a la Fiscalía
Por los mismos hechos, la Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tenientes Fredy Antonio Ciprián Díaz, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fabián Leandro León Rodríguez.
Además, el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao, por presuntas irregularidades en la elaboración de un informe sobre aparentes fallas en el sistema Sisipec 1 y en la red del Inpec utilizada para controlar el ingreso y la salida de personas.
El expediente también registra las confesiones de los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, quienes el 4 de agosto aceptaron ante la Procuraduría su responsabilidad por no realizar los registros reglamentarios.
Según la información conocida, ambos se acogieron a la figura de confesión, que podría representar una reducción de hasta el 50 % de la sanción, dependiendo de las condiciones aplicables al proceso. Las consecuencias disciplinarias pueden incluir suspensión, inhabilidad o destitución.
¿Qué ocurrió en la cárcel de Itagüí el 8 de abril?
El caso se hizo público después de que se conocieran videos de una celebración realizada el 8 de abril de 2026 en el pabellón de alta seguridad del complejo penitenciario La Paz. Durante el evento se presentó una agrupación musical, entre cuyos integrantes estuvo el cantante vallenato Nelson Velásquez.
Según las denuncias divulgadas públicamente, la celebración se habría realizado entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, con música, comida y licor, en el marco del cumpleaños de alias Pocho, señalado como máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía.
En ese pabellón se encontraban recluidos cabecillas de diferentes estructuras criminales del Valle de Aburrá que participaban en los diálogos de paz urbana impulsados por el Gobierno nacional.
El video de la celebración fue difundido por el concejal de Medellín Andrés Tobón, mientras que la exfiscal y concejal Claudia Carrasquilla también denunció públicamente lo ocurrido.
Las denuncias señalaron posibles inconsistencias entre la cantidad de personas que habrían ingresado al establecimiento y los registros oficiales de ese día. Sin embargo, las cifras divulgadas sobre el número de asistentes y los supuestos pagos para ingresar sin registro no han sido confirmadas oficialmente.
En su momento, el Inpec informó que el evento no había sido autorizado por su Dirección General, el Gobierno nacional ni el Ministerio de Justicia. Tras lo ocurrido, se ordenaron cambios en la dirección del establecimiento y en el mando de vigilancia, además de actuaciones disciplinarias contra funcionarios que se encontraban de turno.
El episodio también tuvo repercusiones en el proceso de paz urbana que se adelantaba con cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Las investigaciones buscan establecer cómo se permitió el ingreso de personas externas y de los integrantes de la agrupación musical, así como determinar si hubo responsabilidades adicionales por las presuntas irregularidades en los controles del establecimiento penitenciario.
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