Homicidios y secuestros bajo investigación: judicializan a presunto cabecilla de las disidencias en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de Wilmar Zuleta, señalado de ocupar una posición de liderazgo dentro de una estructura del autodenominado frente 36 de las disidencias de las FARC, a quien se le atribuye presunta participación en homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y ataques contra integrantes de la fuerza pública en el norte de Antioquia.

Entre los hechos que son materia de investigación se encuentra el asesinato de una mujer. Las autoridades buscan establecer las responsabilidades individuales del señalado y de las demás personas vinculadas al proceso, en el marco de las actuaciones judiciales adelantadas contra esta estructura armada ilegal.

De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, Zuleta habría ingresado al grupo armado en 2022 y, posteriormente, habría asumido el control de uno de sus componentes armados. Desde esa posición, presuntamente habría intervenido en distintas actividades delictivas atribuidas a la organización en esta zona del departamento.

Captura en zona rural de Valdivia

La detención de Zuleta se llevó a cabo en la vereda La Paulina, en jurisdicción del municipio de Valdivia, Antioquia, durante un operativo conjunto en el que participaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial que se encontraba vigente. En el mismo operativo también fue capturada Alexandra García, señalada de integrar la estructura y conocida con el alias de Samanta.

Según la información de la investigación, García habría desempeñado diferentes funciones dentro de la organización, relacionadas con labores de seguridad, enfermería y comunicaciones. Su presunta participación también fue objeto de las actuaciones judiciales adelantadas por las autoridades.

Las dos capturas permitieron poner a los señalados a disposición de la justicia para que respondieran por los delitos que les fueron atribuidos durante las audiencias correspondientes.

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Los delitos que les imputó la Fiscalía

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó imputación de cargos contra los dos procesados, teniendo en cuenta la presunta responsabilidad individual de cada uno.

Los delitos atribuidos incluyen concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de uso personal, tráfico, fabricación o porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

La imputación está relacionada con las conductas que las autoridades investigan y con la presunta vinculación de los procesados a las actividades de la estructura armada ilegal. Entre los hechos señalados por la Fiscalía figuran homicidios y otras acciones delictivas que habrían afectado a habitantes del norte antioqueño y a integrantes de la fuerza pública.

Uno de los casos mencionados dentro de la información divulgada corresponde al homicidio de una mujer. Sin embargo, los datos suministrados no precisan la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas en las que ocurrió este crimen.

Los procesados no aceptaron los cargos

Durante el proceso judicial, tanto Zuleta como García rechazaron los cargos formulados por la Fiscalía, por lo que no aceptaron las imputaciones presentadas en su contra.

Pese a ello, ambos deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario, de acuerdo con la medida de aseguramiento impuesta dentro del proceso.

La investigación busca determinar las responsabilidades de cada uno en los hechos que les atribuyen las autoridades y establecer su presunta participación en las actividades delictivas relacionadas con el frente 36 de las disidencias de las FARC.

Por ahora, la información conocida corresponde a los señalamientos de la Fiscalía y a los cargos formulados durante la actuación judicial. La responsabilidad penal de los procesados deberá determinarse conforme al desarrollo del proceso y las decisiones que adopten las autoridades judiciales.