Petro solicita audiencia pública ante la Corte Constitucional sobre la reforma pensional

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, envió una solicitud formal a la Corte Constitucional para que convoque una audiencia pública en el marco del proceso de control de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que establece un nuevo sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común.

En la misiva dirigida a las magistradas y magistrados de la Corte, el mandatario recordó que varios ciudadanos, desde la academia y organizaciones sociales, han solicitado la convocatoria de esta audiencia. Entre quienes han hecho la petición se encuentran la Universidad de Antioquia y el jurista Rodrigo Uprimny.

“La legitimidad del control de constitucionalidad descansa, en última instancia, sobre la calidad de la deliberación que antecede a las decisiones de la Corte”, afirmó el presidente. En ese sentido, señaló que una audiencia permitiría no solo fortalecer el análisis jurídico de la Corte, sino también profundizar el debate entre ciudadanos, académicos y sectores sociales sobre una reforma clave para garantizar el derecho a la seguridad social y avanzar hacia un sistema pensional más equitativo y sostenible.

Petición de dos profesoras de la Universidad de Antioquia

El 18 de diciembre de 2024, se presentó una solicitud formal para convocar a una audiencia pública en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad interpuesta por la ciudadana Paloma Valencia Laserna contra la Ley 2381 de 2024, que establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, entre otras disposiciones. En esta misiva, las profesoras Ana María Londoño Agudelo y Gloria Patricia Lopera Mesa, en su calidad de ciudadanas y profesoras de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, argumentaron la necesidad de profundizar en el debate sobre los vicios de procedimiento señalados en el trámite legislativo de esta ley.

Las solicitantes indicaron que este proceso es de vital importancia debido a las evidentes prácticas de obstruccionismo parlamentario durante la discusión de la Ley 2381 de 2024. Este hecho, según las profesoras, presenta una oportunidad única para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los límites de tales prácticas y sus efectos sobre el control constitucional del proceso legislativo. Aseguraron que la Corte debería establecer un balance entre el derecho de las minorías a oponerse a proyectos de ley y el derecho de las mayorías a decidir, además de considerar la obligación del Congreso de legislar sobre el sistema de pensiones, dadas las condiciones insostenibles del actual sistema de seguridad social.

La solicitud de una audiencia pública se apoya en la necesidad de una deliberación más amplia y participativa sobre temas constitucionales esenciales, como el derecho a la seguridad social y las condiciones para un ejercicio democrático adecuado. Las profesoras subrayaron que, al ser esta una cuestión de obligatorio cumplimiento constitucional, la Corte debería propiciar un espacio de debate público que permita obtener mayores elementos de juicio para la decisión no solo sobre los cargos planteados en este proceso, sino también sobre otras demandas relacionadas con el mismo tema.

Este llamado a la audiencia pública también responde a la creciente preocupación y participación ciudadana en torno a la Ley 2381 de 2024. Se han admitido múltiples demandas contra la ley en varios expedientes, evidenciando la importancia del tema y la necesidad de un análisis más profundo sobre el procedimiento de aprobación del proyecto. Los procesos en curso incluyen denuncias por vicios de procedimiento que se presentaron en el trámite de la ley, particularmente en su aprobación en cuarto debate.

En este contexto, la convocatoria a una audiencia pública sería un paso crucial para ampliar y elevar la deliberación pública en torno a la Ley 2381 de 2024. Este proceso permitiría no solo profundizar en los aspectos constitucionales de la ley, sino también responder a una demanda ciudadana que exige una mayor participación y transparencia en las reformas legislativas de gran impacto social.

petición desde el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “Dejusticia”

El 14 de enero de 2025, los ciudadanos Juan Sebastián Ceballos Bedoya y Rodrigo Uprimny Yepes, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “Dejusticia”, intervinieron en el proceso del expediente D-15989, relacionado con la acción de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 2381 de 2024, solicitando a la Corte Constitucional la convocatoria de una audiencia pública. Esta solicitud busca promover una deliberación ciudadana sobre los aspectos clave del procedimiento legislativo en torno a la ley y los cargos presentados por la demandante, quien sostiene que hubo un vicio de procedimiento en el último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En su intervención, los solicitantes explicaron que el caso no es fácil de resolver, dado que no existe una norma constitucional o legal clara que regule el alegado vicio de procedimiento, ni un precedente estrictamente análogo. Por ello, consideran que la convocatoria de una audiencia pública podría proporcionar elementos de juicio esenciales para que la Corte determine si efectivamente se trató de un vicio de procedimiento, permitiendo una decisión más fundamentada.

Los solicitantes argumentan que, a pesar de las irregularidades en el último debate en plenaria, como la falta de discusión por separado de los artículos con proposiciones, la mayoría actuó para defender su derecho constitucional a decidir frente al obstruccionismo parlamentario de la minoría. A su juicio, el cierre del debate por parte de la mayoría no fue un vicio de procedimiento, sino una medida para evitar que el obstruccionismo interfiriera en el proceso legislativo. En este sentido, sostienen que este es un tema novedoso en la jurisprudencia, que justifica la convocatoria de una audiencia pública para definir las implicaciones del obstruccionismo en el control constitucional.

En cuanto al futuro de la jurisprudencia, los solicitantes consideran que la Corte podría establecer un cambio en su enfoque para casos similares, señalando que no debe permitirse a la mayoría cerrar el debate para evitar la deliberación separada de los artículos, especialmente cuando el proyecto tiene relevancia constitucional o genera desacuerdos profundos en el Congreso. Si la Corte considera que existió un vicio en el trámite de la ley, la solución podría ser la subsanación de dicho vicio, devolviendo el acto a la plenaria para que repita el debate, una opción que también genera desafíos y preguntas que justifican una audiencia pública.

Finalmente, los solicitantes consideran que, si se requiere la subsanación del vicio, la Corte debería fijar reglas claras para garantizar los derechos tanto de las mayorías como de las minorías, especificando los límites y procedimientos para la subsanación. Esta necesidad de establecer reglas claras para la subsanación y la protección de los derechos de los actores políticos, refuerza la justificación de una audiencia pública en el proceso de constitucionalidad del expediente D-15989.

Con base en estos argumentos, los solicitantes reiteran su solicitud a la Corte Constitucional para que convoque una audiencia pública en el marco de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024.

Se espera respuesta de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional aún no ha respondido a la solicitud del presidente Petro. De ser aceptada, la audiencia pública sería un espacio para que diversos actores expresen sus opiniones sobre la Ley 2381 de 2024 y sus implicaciones para el sistema pensional colombiano.

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