hace 1 mes
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El video dura 24 segundos pero difícilmente es posible terminarlo. Su contenido es aberrante. Una estudiante del colegio Juan de la Cruz Posada, en Villa Hermosa, empuja de manera intempestiva a otra alumna y al caer el suelo empieza a propinarle una paliza ante en un completo estado de indefensión de la víctima, ante los gritos y la indiferencia de las otras estudiantes que presencian el hecho y se limitan solo a grabarlo y a decir al final de la golpiza que le dejó “vuelta nada”.
El video comenzó a circular desde comienzos desde la semana y dejó en evidencia nuevamente la degradación que ha tomado el matoneo escolar en las instituciones de Medellín. El pasado 16 de agosto la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín emitió un comunicado en el que “rechazó” cualquier tipo de violencia escolar.
Desde la Secretaría aseguraron que “inmediatamente” tras conocer el caso activaron “la ruta de atención para la protección de la estudiante agredida, con miras a la restauración de sus derechos, a través de la estrategia Escuela Entorno Protector. A su vez, estamos en comunicación directa con el rector y activando la ruta de atención integral que tenemos y de esta manera realizar una intervención con el apoyo de otras dependencias del Distrito de Medellín”.
También la Personería de Medellín realizó este miércoles 21 de agosto una inspección de verificación, pero hasta ahora no ha trascendido ninguna medida de fondo sobre el aberrante caso.
Por eso a través de redes sociales comenzó a circular la invitación para realizar un plantón en contra de las directivas de la institución ubicada en Villa Hermosa y su presunta negligencia para abordar no solo este caso sino otros episodios de agresiones y matoneo escolar graves que se habrían presentado en la institución.
Según la normativa que rige la convivencia escolar, la agresión de la estudiante a su compañera, por el salvajismo y sevicia y el evidente daño físico que le causó a juzgar por los videos, podría llegar incluso a tipificarse como una situación Tipo 2, y se expone a sanciones desde tres días de suspensión y una serie de medidas formativas para restaurar el daño causado a la víctima y a la institución educativa, con un acto de perdón público y realizando campañas al interior del colegio. Esto siempre y cuando no tenga procesos como reincidente en casos graves de convivencia. La ejecución de las medidas sancionatorias en este caso son de carácter inmediato.
Desde la Personería señalaron que tras la visita al colegio, desde el Ministerio Público fueron enfáticos en rechazar las medidas de cancelación del contrato escolar ni desescolarización ni para la agresora ni para la víctima, como habrían pedido varios padres de familia. Señalaron desde la entidad que la víctima tiene un diagnóstico por Trastorno del Espectro Autista y según la versión que recibieron, la estudiante agresora había tenido inconvenientes por algunos comportamientos de la víctima propios de su diagnóstico.
El caso quedó en manos de la comisaría de familia para el respectivo restablecimiento de derechos y las secretarías de Paz, Derechos Humanos se comprometió junto con la Personería a adelantar unas rutas de soporte psicológico y una feria de servicios con el fin de fortalecer la pedagogía en torno a la convivencia en los entornos educativos.
El reporte más reciente de PISA y el Sistema Unificado de Convivencia Escolar en el país arrojó que el 23% de los estudiantes reportaron ser víctimas de acoso escolar o bullying regularmente o siempre en sus instituciones educativas. Ello indica que, en promedio, casi uno de cada cuatro estudiantes es afectado por este fenómeno.
El país ocupa el puesto 11 entre los de mayor proporción de estudiantes que sufren acoso.
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