Arena Primavera de Sabaneta: ¿salpicada con lío de Odebrecht?

La idea suena bien: se trata de construir un nuevo centro de espectáculos, una nueva arena como se les conoce ahora, en el Valle de Aburrá. Quedaría en Sabaneta, en un sitio estratégico en límites con Envigado e Itagüí, promete ser el centro de espectáculos más grande de la zona, se llamará Arena Primavera y requiere inversiones por más de $200.000 millones.

Sin embargo, EL COLOMBIANO encontró dos enredos que, por ahora, obligarían a los involucrados a dar respuestas.

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El primer enredo es que el grupo corporativo que está al frente de ese proyecto lo domina una firma que estuvo investigada en Panamá, en medio del entramado de corrupción por el pago de coimas de Odebrecht al expresidente Ricardo Martinelli.

Y el segundo enredo, igual de preocupante, es que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), a través de una subasta pública, le adjudicó en arriendo a esta firma el lote donde se va a construir el proyecto, pero lo curioso es que luego cambió las condiciones del contrato, en aparente favorecimiento a ella frente a los otros grupos que estaban en competencia.

El grupo que está al frente del proyecto de la arena de Sabaneta se llama CLK, lo integran cuatro firmas pero Burch Overseas S.A.S. es dueña del 64%.

Desde cuando nació en 2008, en Panamá, Burch Overseas se ha dedicado al negocio inmobiliario y a ser contratista del Estado en ese país. Y en calidad de tal su nombre fue mencionado entre los de otras 40 empresas y personas que la justicia indagó porque habrían servido de puente para el pago de coimas de la constructora brasileña Odebrecht a los exmandatarios panameños Martinelli (2010-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

Pero, además de sonar en el proceso “Odebrecht”, el fundador de Burch Overseas en Panamá, Vernon Emmanuel Salazar Zurita, se vio envuelto en otro proceso conocido como “New Business”, por el cual en 2023 el presidente Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años de cárcel por recibir coimas de contratistas del Estado.

En este segundo caso, lo que hizo Salazar fue que, como representante legal de una empresa llamada Condotte Panamá, apareció firmando un contrato con el gobierno de ese país para la construcción de dos ciudadelas deportivas, la de Colón y la de David, por 64 millones de dólares. Y el fallo de la juez que condena a Martinelli dice que esta firma, Condotte Panamá, terminó girando una coima de 600.000 dólares, al presidente Martinelli, a través de una triangulación.

Lo curioso de este caso es que en el fallo de julio de 2023, se dice que si bien Vernon Salazar era “director, presidente y representante legal” de la compañía, y se probó que “firmó el contrato con el Estado y abrió la cuenta bancaria en la que se recibió la plata”, la juez lo termina absolviendo.

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Salazar salvó así su pellejo, a pesar de que en 2018 había sido cobijado con medida de detención que le fue conmutada por un juez a libertad condicional bajo el pago de una fianza por 800.000 dólares, y la que apareció en el fallo pagando los platos rotos ante la justicia, por “peculado”, “detrimento al erario” y “blanqueo de capitales” fue la directora de cuentas por cobrar de esa empresa.

En algún punto del fallo, la juez da un detalle clave de Vernón Salazar: “Como abogado, aparece como director nominal de una pluralidad de firmas sin capacidad de decisión financiera sobre ellas”. De esa frase se puede pensar que Vernon Salazar, o tiene mucho dinero y logra escapar a la justicia, o lo que hace es poner la cara en firmas de las cuales no se sabe quién o qué tipo de personas son los dueños.

Y eso nos trae de nuevo al caso de la arena que piensan construir en Sabaneta. El mismo Vernon Salazar del enredo, fue el que constituyó en noviembre de 2008 en Panamá una firma de nombre Burch Overseas, y un mes después constituyó también la sucursal en Bogotá, que es la dueña del 64% del proyecto de la arena de Sabaneta. Esta firma en Colombia se creó por un poder dado al abogado Jorge Leyva Muñoz, y en el acta de creación aparece como gerente Milton Eduardo Olea Pineda. ¿Quién es el dueño de la firma? ¿Vernon Salazar u otra persona a la que él representa?

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Eduardo Olea, quien aparece como gerente, es también uno de los fundadores del conglomerado pionero en distribución de boletería en línea para espectáculos Tuboleta. Este diario trató de confrontar a Olea acerca del tema pero no fue posible. Inicialmente la respuesta que dieron desde su oficina era que la firma del ruido en Panamá era una empresa homónima. Después, se disculparon diciendo que el señor Olea estaba en Europa. Y finalmente, personas cercanas a él confirmaron que la casa matriz sí fue investigada pero que al final la justicia concluyó que fue una confusión. Sin embargo, al solicitarle evidencias de esa exoneración no hubo respuesta.

“El grupo liderado por el señor Eduardo Olea nunca jamás ha tenido ningún vínculo con nada relacionado con Odebrecht, ni con contratación pública ni con Panamá, ni mucho menos con corrupción”, dijeron.

Pero ese no es el único punto controversial en la historia de la gestión de la Arena Primavera. El complejo será construido en un terreno que en estos momentos está en poder de la SAE después de ser parte de un proceso de extinción de dominio.

El predio (en el que hasta hace poco parquearon tractomulas de una importante concesionaria) fue sometido a una subasta el 18 de marzo de 2022 y se presentaron cuatro oferentes: Jorge María Baena, Hábitat Grupo Inmobiliario, el gigante de la distribución de combustibles Distracom y CLK Venues.

El canon de arrendamiento mensual base fue de $69 millones más IVA. La idea era entregárselo al que ofreciera más plata por el arriendo, pero otros puntos a evaluar eran el porcentaje que estuvieran dispuestos a aumentar cada año y las inversiones que fueran a realizar.

Así, los interesados hicieron sus ofertas: Baena, $10.082 millones, sin inversiones; Hábitat Grupo Inmobiliario, $10.478 millones, también sin inversiones; Distracom, $45.528 millones más inversión de $31.000 millones, y, CLK, $46.274 millones más inversión de $37.000 millones.

Tras el triunfo, CLK firmó el contrato con la SAE el 13 de julio de 2022, poco antes de que terminara el gobierno de Iván Duque, a 120 meses de plazo (10 años). Llama la atención que hicieron cambios con respecto a lo que habían ofrecido. Por ejemplo, el canon que dijeron iban a pagar, y con el cual su oferta ganó, era de $120 millones mensuales, pero a la hora de firmar el contrato le rebajaron al arriendo; quedó que pagarían $80 millones e invertirían $60.000 millones.

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Y este no fue el único cambio, porque después firmaron un otrosí en el que se ampliaba el plazo de 10 años a 30 años, con inversiones por $85.801 millones, es decir que se aumentó la inversión en un 43% a cambio de triplicar el tiempo para usufructuar la infraestructura de la arena que CLK se comprometía a levantar. Según una fuente conocedora del caso, el argumento que habría dado CLK para aumentar el plazo del contrato de arriendo era que lo necesitaba para hacer cierre financiero. Y la pregunta que algunos se hacen es por qué entonces ganó la puja si no le daban los números.

Lo usual es que la oficina regional maneja los contratos de arrendamiento de bienes de la SAE, pero este negocio en particular lo estructuraron y coordinaron desde Bogotá, aunque a la sede de Medellín le tocó recuperar el predio, que estaba ocupado, y eso le generó amenazas al gerente de entonces, Alejandro Henao.

El vicepresidente de la SAE, Sebastián Caballero, expresó que “el arrendatario ha mostrado un comportamiento impecable en cuanto a pagos, sin registro de atrasos”.

Para algunos expertos consultados, el cambio tan radical en las condiciones de favorabilidad del contrato podría ser causal de demanda por parte de los otros contendores en la puja que pudieran ver burlados sus intereses. Sin embargo, este medio contactó a dos de los tres perdedores. Dijeron que no estaban enterados de lo ocurrido con el otrosí, pero manifestaron que hasta ahora no han pensado entablar acciones legales.

También, al ser consultado, el director regional actual de la SAE en Antioquia, Luis Urquijo, explicó que al llegar la presente administración ya estaban firmados tanto el contrato como el otrosí, y analizaron si por lo ocurrido podría alegarse nulidad, pero lo descartaron porque la probabilidad de éxito al intentar retrotraer el contrato no se inclinaba a favor de la entidad.

No obstante, el análisis podría cambiar, toda vez que la SAE está en plan de vender bienes que están bajo su custodia para conseguir recursos para el Estado y decidió incluir el megalote de Sabaneta en un conjunto priorizado para la venta. Próximamente lo sacará a subasta y ahí se verá si el tenerlo alquilado en las condiciones actuales puede hacerlo menos atractivo.

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El movimiento coincide con que justo por estos días CLK ha mostrado un particular interés en protocolizar el contrato mediante escritura pública y eso le daría mayor firmeza legal, lo cual significa que, indefectiblemente quien compre deberá aguantar las tres décadas con la Arena Primavera como inquilino y solo después, desarrollar lo que le plazca.

De tal suerte que, tal y como está el contrato, no parecería atractiva la compra del lote para nadie distinto a CLK. Y si de todas maneras el Estado no va a gozar de la renta del arriendo, ¿no sería mejor para la SAE vender un lote sin compromisos?

“El inmueble ha sido considerado para venta debido a sus características, ubicación estratégica y el interés mostrado por potenciales compradores (...) En cumplimiento del artículo 92 de la Ley 1708, la SAE tiene la facultad de optar por la mejor decisión para la administración de este tipo de bienes”, apuntó el vicepresidente de la SAE, y confirmó que el precio base para iniciar el martillo serían posiblemente $50.114 millones considerando que el avalúo comercial es de $64.249 millones y a ese monto se le hace un descuento del 22% estipulado en las políticas de la institución cuando se trata de lotes.

Un experto del sector inmobiliario consultado por EL COLOMBIANO opinó que no son muchos los inversionistas que se le miden a comprar un terreno “amarrado” a tan largo plazo, aunque casos se han visto. Por su parte, Urquijo apunta que eso podría ser cierto, aunque lo mismo ocurre con los predios que tienen limitaciones de uso impuestas por los Planes de Ordenamiento Territorial.

“Ya cada comprador verá qué planes tiene, puede que haya un comprador que quiera mantener el arriendo, puede que haya otro que quiera planificar otra cosa después”, afirmó, a la vez que planteó que el mismo CLK lo podría adquirir.

Esa opción les daría una ventaja inmensa a los dueños del proyecto de la arena, pues a la hora de la subasta se podría limitar el número de competidores y por lo tanto obtener un precio menor, pero adicionalmente ya no tendrían que devolverle al Gobierno la infraestructura a la que le piensan destinar los $200.000 millones, y la ganancia podría ser más si se considera que incluso el valor planteado sería conservador, en opinión de expertos consultados.

Una fuente relacionada con el grupo CLK confirmó que, efectivamente, se presentarían a la puja.