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En enero de este año, Millicom informó que su subsidiaria, Tigo Colombia, celebraría la venta de la infraestructura pasiva de hasta 1.132 sitios con la sociedad Towernex Colombia.
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En resumidas cuentas, este es un proceso consistente en traspasar las estructuras físicas de la compañía donde se instalan y operan los equipos de telecomunicaciones móviles.
En su momento, se aclaró que Tigo seguiría utilizando esta infraestructura para su operación bajo la figura de arrendamiento.
Así, el primer cierre de esta transacción ocurrió el 14 de marzo entregando 759 torres por un valor total de $202.113 millones, mientras el restante sería traspasado durante agosto.
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El hecho desencadenó incluso un debate de control político en el Concejo de Medellín, donde el exCEO de Tigo Colombia, Marcelo Cataldo, sustentó que la infraestructura pasiva vendida no es el negocio de la compañía, sino que por el contrario lo es la infraestructura activa, como telecomunicaciones y espectro.
Entre quienes tienen reparos por el negocio, uno de los argumentos centrales es la supuesta falta de información sobre el oferente y la destinación de los recursos de la venta, que son cercanos a los US$80 millones.
Presidencia pone la lupa
En ese sentido, y en medio de la polémica por la enajenación de acciones de Tigo-Une, la Secretaria de la Presidencia se pronunció sobre la venta de las 1.132 antenas.
Mediante solicitudes enviadas a las superintendencias de Industria y Comercio, y de Sociedades, la Secretaría pidió esclarecer si en el proceso hubo “prácticas que atentan contra el cumplimiento y seguimiento de la protección del patrimonio social de las empresas señaladas y prácticas que atentan contra la libre competencia”.
En su cuenta de X, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, aseguró que “es preciso que las autoridades evalúen la situación administrativa, contable, económica y jurídica de TigoUNE, antes y después de la venta de sus activos estratégicos”.
El hecho suma más tensión luego de que el fin de semana el presidente Gustavo Petro, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvieran un rifirrafe por la venta de las acciones de EPM en Tigo-UNE y el nombramiento de Jorge Carrillo en ISA.
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