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Al excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, condenado en primera instancia por el caso Vitalogic, le surgió otro lío judicial.
La Fiscalía General de la Nación acusó este viernes al ingeniero y a su esposa, Socorro Oliveros, del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, durante la carrera por la presidencia en 2022 en la que se enfrentó en segunda vuelta con el actual mandatario, Gustavo Petro.
La entidad explicó en un comunicado que la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que “la gerente de la campaña” del exalcalde, su esposa Socorro Oliveros, “permitió que el excandidato presidencial realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021”.
Y es que la evidencia física recolectada demostraría que el hoy acusado aportó 127 millones de pesos a su propia campaña que, en criterio del ente acusador, “representa un aporte proveniente de una fuente prohibida por ley”.
Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, ocurrieron de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2022.
Por este hecho, además, Hernández fue acusado, nuevamente, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, el mismo por el que ya fue condenado por el caso Vitalogic.
El también exsenador no se ha referido aún a esta acusación hecha por la Fiscalía.
Hernández sigue en proceso de recuperación tras una cirugía para tratar su cáncer terminal.
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Hernández fue condenado el pasado 13 junio a 64 meses de prisión domiciliaria por el delito de interés indebido en celebración de contratos en el caso Vitalogic.
El juez 10 Penal del Circuito de Bucaramanga determinó que el exalcalde cometió dicho delito a título de autor, es decir, que hubo un conflicto de intereses por parte del político en el proceso de licitación en un contrato por $340 millones destinados a un proyecto de tecnología de disposición de residuos sólidos.
También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y tendrá que pagar una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $86 millones. Desde ese día, ha defendido su inocencia, tanto que, personalmente, fue a presentar un recurso de apelación contra su sentencia el pasado 20 de junio.
“No me robé un peso en la Alcaldía, ni me lo he robado, ni me lo robaré”, dijo el ingeniero ese día a su llegada al tribunal a apelar la sentencia en su contra.
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