Procuraduría pide a la JEP investigar torturas ocurridas en el cementerio de Las Mercedes, Dabeiba

Se cumplen tres meses desde que el Tribunal para la Paz de la JEP asumió la competencia sobre el caso de asesinatos y desapariciones forzadas que tuvo lugar en el Cementerio Las Mercedes en Dabeiba, occidente antioqueño, entre los años 2002 y 2007.

Durante este periodo, se documentaron 29 fosas con características de enterramientos irregulares, de las cuales se recuperaron 75 cuerpos. Estas acciones apuntan a una práctica extendida de ocultamiento y falsificación de muertes, etiquetadas incorrectamente como bajas en combate.

La investigación de los casos 03 (“falsos positivos”) y 04 (“Situación territorial de Urabá”) de la JEP revelaron que ciertas unidades del Ejército Nacional estaban bajo presión para mostrar resultados operacionales, lo que llevó a la colaboración con grupos paramilitares y al uso de civiles como falsos positivos.

Ante esto, el pasado 9 de mayo, el Tribunal inició un juicio contra 8 antiguos integrantes del Ejército con el fin de esclarecer los asesinatos y desapariciones forzadas que tomaron lugar en el cementerio de Dabeiba.

Según testimonios de exmiembros del ejército, las unidades que no reportaban “falsos positivos” eran penalizadas, pasando extensos periodos en el campo sin visitar a sus familias.

La Procuraduría General de la Nación, tras analizar los hechos y testimonios presentados, solicitó a la JEP que se incluyan cargos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en el macrocaso 03. “Los malos tratos físicos y mentales sufridos por las víctimas de la vereda Alto Bonito fueron confirmados por residentes del lugar”, asegura la Procuraduría entre las observaciones presentadas a la Jurisdicción.

Asimismo, esta solicitud también vela porque se adelanten investigaciones sobre violencia sexual de la que, al parecer, fue víctima una menor de edad durante la época de los hechos.

Ante este caso, el pasado 27 de junio se llevó a cabo la audiencia pública de reconocimiento de la verdad, donde participaron ocho miembros de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006.

En la audiencia, el magistrado Óscar Parra calificó al cementerio Las Mercedes como un testimonio silencioso pero elocuente de la tragedia de la desaparición forzada. “El cementerio le va a seguir hablando a muchas generaciones de este país sobre la tragedia de la desaparición forzada”, mencionó durante su intervención.

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Los testimonios de los ocho miembros de la fuerza pública que reconocieron su participación en la desaparición y asesinato de estas personas que en su mayoría eran oriundas de Turbo y Medellín, representa no solo la eliminación sistemática de civiles sino también las técnicas de engaño empleadas para reclutar a las víctimas, ofreciéndoles trabajo y sustento antes de su ejecución.

Por lo anterior, la hermana de una de las víctimas relató: “No es que no tuvieran una familia que los reclamaran, sino que les hicieron una oferta en la que no sabían que encontrarían la muerte”.

“Hay tristeza y desunión familiar”, dijo y añadió: “De hecho, en fechas especiales no volvimos a celebrar como antes. Se perdió la unión familiar (...), ellos podían seguir la vida normal celebrado y nosotros tuvimos que parar la vida de nosotros en ese momento”.