Presidente Petro denuncia presunto plan para asesinarlo con una “volqueta llena de dinamita”

El presidente Gustavo Petro reveló este sábado 14 de septiembre —durante la Asamblea Nacional Popular— un presunto plan para asesinarlo que consistiría, según dijo, en un ataque con un camión cargado de dinamita. Aseguró que esta información le fue entregada por parte de la DEA y el embajador de Estados Unidos en Colombia.

En el evento, realizado en la Universidad Nacional de Colombia, congregó a más de 5.000 personas para discutir reformas sociales, el mandatario explicó que el complot incluiría la utilización de una volqueta llena de explosivos que sería detonada en su paso. “Se los voy a decir: con el billete compraron dos volquetas. Una ya debió haber entrado. La idea es llenar una volqueta con dinamita y explosivos para hacerla volar a mi paso”, declaró el presidente.

También mencionó que el plan incluiría la adquisición de fusiles en zonas vinculadas al antiguo M-19. El presidente indicó, además, que un implicado en el complot reveló la trama a un abogado estadounidense, quien luego transmitió la información a la DEA. Parte del financiamiento del plan, según Petro, provendría de Dubái.

A pesar de conocer la ubicación de los fusiles y el lugar de su almacenamiento, Petro criticó que la información que recibió no estaba completamente actualizada, y volvió a llamar la atención por el papel de la prensa la cual señaló de estar enfocada en otros temas, mientras el presunto plan de magnicidio seguía su curso.

En una intervención previa en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos en Armenia, Petro había alertado sobre este plan y también acusó a sus opositores de orquestar el reciente paro de camioneros. Comparó esta maniobra con el golpe de Estado en Chile en 1973, sugiriendo que se busca desestabilizar su gobierno y destituirlo.

El presidente advirtió que “la orden ya está dada, para los próximos tres meses, o tumban al presidente o lo asesinan, una de dos”.

Enfatizó que estos intentos de desestabilización constituyen una “burla al voto popular” y representan una amenaza directa a la democracia en Colombia, reiterando su compromiso con las reformas sociales y la estabilidad del país.