Negociador de las disidencias culpa al Gobierno por la captura de dos ilegales en caravana de la UNP

Alias Andrey Avendaño –uno de los negociadores de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC– justificó el hecho de que dos cabecillas disidentes, con órdenes de captura vigentes, viajaran en un esquema de seguridad que la Unidad Nacional de Protección (UNP) había destinado exclusivamente para el traslado del equipo negociador de los disidentes.

“Los camaradas que se trasladan en los vehículos hacen parte de nuestra delegación en la mesa de diálogos”, señaló Avendaño en un video de dos minutos y agregó: “Si ellos presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad jurídica y política del Gobierno Nacional, ya que desde el 17 de mayo pasado enviamos la solicitud del levantamiento de las órdenes de capatura”.

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En la tarde de este martes el Ejército detuvo una caravana de nueve camionetas que se movilizaba en jurisdicción de Cisneros (Antioquia). Los pasajeros se negaron a descender de los vehículos y el protocolo obligó que debían trasladarse hasta el Batallón Pedro Nel Ospina de Bello.

Al llegar, agentes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía inspeccionaron las camionetas y encontraron que en ellas viajaba alias Firu –comandante del frente 36 de esa disidencia– y alias Érika, quien opera en el departamento del Caquetá. Ambos tienen orden de captura vigente y no pudieron demostrar que estuvieran vinculados como voceros en las mesas de paz.

Lo cierto es que, al menos en el caso de a alias Firu, le suspendieron la orden de captura en octubre pasado, cuando inició el diálogo y se reactivó su búsqueda en marzo, cuando se suspendió parcialmente el cese al fuego con el EMC. El ilegal estuvo desde el inicio en el equipo que pretende negociar la paz.

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En el operativo encontraron 60 millones de pesos en efectivo, un arma, memorias USB, varios celulares y hasta casquillos de municiones de alto calibre.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación emitió el 4 julio la orden de levantar las capturas contra los miembros de las disidencias que participan en la mesa de diálogos y en ella no fueron incluidos Firu y Érika. Esa garantía busca, precisamente, que los negociadores tengan libertad de movimiento para asistir a las mesas y para comunicar a sus tropas los avances en el diálogo. En ellas nunca se incluyó a alias Firu y Érika.

“Estos son hechos que fragmentan la confianza y lo construido. Aspiramos que este percance sea superado positivamente”, añadió Avendaño.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, aseguró que los escoltas que transportaban a los ilegales –con órdenes de captura vigente– tendrían que responder porque ellos no hacían parte de los “protegidos”.

En el caso de los disidentes, será un juez de control de garantías quien determine la legalidad de la captura y defina si los disidentes sí clasificaban como negociadores del EMC.