México es ya el primer país en el mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular. La “hazaña”, como la definen algunos líderes de Morena, esconde un reverso problemático. No hay garantías de que el resultado sea el que desea el oficialismo: tener un nuevo Poder Judicial libre de corrupción, nepotismo y pactos criminales. Antes de dejar el cargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena y faro de la izquierda mexicana, impulsó durante meses una intensa campaña para convencer a la sociedad de que era necesario echar a todos los jueces y sustituirlos por otros electos en las urnas. El año pasado, entre enormes resistencias de la oposición y de los funcionarios judiciales —los directamente afectados—, Morena aprobó una reforma constitucional que dará a México una nueva Judicatura construida desde los cimientos, algo inédito en los siglos de existencia de la república. Se trata de una cirugía mayor a uno de los tres poderes de la Unión, que a partir de ahora se somete a la lógica de la elección directa. Si bien una parte de los candidatos llega a la boleta electoral con experiencia previa, pues ya ejercían de jueces —un tercio del total—, la gran mayoría no conoce el trabajo en los tribunales, y un buen número también arrastra acusaciones graves de haber cometido delitos en el pasado. Con todo, el Día D ha llegado. México, de la mano de Morena, se arroja a lo desconocido.