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Aunque esta semana fue la peor en lo que va del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) por las revelaciones de Noticias Caracol y la declaración de Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia, EL COLOMBIANO conoció numerosos documentos y habló con más de 10 fuentes dentro y fuera de la entidad que dan cuenta de lo que podría ser una crisis de gestión en la Unidad encargada de realizar los proyectos para la prevención y mitigación de riesgo de desastres en el país.
Si bien varios expertos advirtieron en su momento que el exconcejal Carlos Carrillo no tenía la experiencia técnica requerida, hoy es la persona a cargo de la preparación para el fenómeno de La Niña que comenzaría en agosto, podría extenderse hasta noviembre y tendría un impacto en hasta 550.000 familias, según dijo esta semana el Gobierno. La destinación de recursos será de hasta 7 billones de pesos solo unas semanas después del escándalo.
Las denuncias conocidas por este diario señalan barreras en la reubicación de personas en Rosas (Cauca) tras el deslizamiento de 2023; también en un proyecto que tenía concepto negativo de los ingenieros de la Ungrd para otro reasentamiento en Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y ya está en marcha con políticos cercanos a Carrillo; promesas incumplidas en Quetame (Cundinamarca); quejas por falta de planes de respuesta a un dique a punto de romperse en Magangué (Bolívar); y la falta de concreción de una adecuación hidráulica en Mocoa (Putumayo).
La primera alerta se dio con un comunicado que publicó la comunidad de Rosas en Cauca esta semana, pero que pasó desapercibido por todos los escándalos de corrupción que tienen al país en alerta. “A un año y seis meses sin obtener el reasentamiento de las familias y ante el abandono total por parte del Estado, hemos decidido que a partir del día lunes 29 de julio de 2024 se realizará un nuevo bloqueo de la vía nacional de manera indefinida, hasta no obtener certificación firmada de pagos de las fincas, documento o convenio firmado entre entidades encargadas de la construcción de nuestras viviendas y la activación de proyectos productivos”, dice el documento en poder de este diario.
En enero de 2023 hubo un deslizamiento que desplazó a 150 familias en la vía entre Popayán y Rosas. El Gobierno inmediatamente se dispuso a ejecutar un plan de acción en manos de Olmedo López y del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para reubicar y atender a las familias. La respuesta fue la búsqueda acelerada de unas fincas en el sector, que el Gobierno compraría a sus propietarios, en donde estas familias pudieran vivir y hacer proyectos productivos.
“Me llamaron de Presidencia y me dijeron que el ministro del Interior estaba volando a Rosas y que necesitaban comprarme mi finca urgentemente”, dijo uno de los propietarios a EL COLOMBIANO. Lo que pasó, sin embargo, fue tan fugaz como la presencia del Gobierno.
A este dueño de alrededor de 200 hectáreas le prometieron pagarle su propiedad con un avalúo técnico del Instituto Agustín Codazzi. Él se dispuso a levantar la hipoteca con su banco y el Gobierno le hizo un primer pago del 50 % en agosto del año pasado. En su propiedad había un cultivo de aguacate hass que ya tenía producción pagada durante un año y podía servir como proyecto productivo para los damnificados. Un año después, aunque 35 familias fueron reasentadas allí, hoy solo quedan 2, el Gobierno no ha pagado al propietario el 50 % restante —tal como sucede con otras 8 fincas en la región— no puso los recursos para desarrollar el proyecto productivo, y tampoco ha construido las viviendas. Por esa razón, las familias aseguran que bloquearán la vía el próximo 29 de julio.
El caso es tan grave que en todo este tiempo, desde el derrumbe, tres personas mayores murieron y sus familias aseguran que hubo retrasos en los giros que el Gobierno prometió para pagar el arriendo sin que tengan su vivienda construida, lo que los dejó literalmente viviendo en la calle.
El proyecto de Santa Rosa
Otro de los proyectos cuestionados a Carrillo es el de un reasentamiento en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Allí hubo una creciente del río San Eugenio el 24 de mayo de 2022 que dejó a 300 personas damnificadas. Dos años después las promesas de reubicación siguen en los planos, pero la alcaldía compró un predio con el que le prometió a las familias un proyecto de vivienda.
El problema es que un documento de la Ungrd de los técnicos e ingenieros que visitaron la zona e hicieron los estudios debidos recomendó al equipo de Carrillo que en ese terreno no debía realizarse el proyecto de reasentamiento.
“En relación al predio La María se concluye que su viabilidad es considerada no factible, principalmente debido a la dinámica del río San Eugenio. Además, se recomienda coordinar con la Autoridad Ambiental Regional (Carder) una inspección detallada a la zona boscosa circundante para identificar posibles grietas ocultas por la densa cobertura vegetal. (...) se debe evaluar la proximidad del predio a la ribera del Río, ya que se encuentra dentro de la zona de potencial afectación por inundaciones, especialmente en eventos torrenciales con altos periodos de retorno”, señalan las conclusiones técnicas.
El documento le recomendó a la entidad conseguir otro lote que cumpliera con la viabilidad técnica requerida. La historia es más compleja porque algunos habitantes han denunciado un posible caso de “volteo de tierras” con el cambio del uso del suelo de la administración anterior para vender el terreno a una constructora. A pesar de todas las alertas de su propia entidad, que tiene imágenes satelitales, videos con drones y la alarma por el riesgo de que el mismo río de la tragedia de 2022 pudiera hacer lo mismo en el nuevo terreno, Carrillo visitó la zona el seis de junio pasado y anunció en un video con tono de publicidad política, junto al alcalde actual y el exalcalde, que la entidad desarrollaría allí la construcción de viviendas, contradiciendo los estudios técnicos de la unidad.
El argumento de los tres funcionarios, de la misma línea política, es que un segundo estudio posterior de la CAR concluyó que era posible. Esto a pesar de que existe un primer estudio de la misma entidad con las conclusiones de la Ungrd. No se entiende por qué el exalcalde de Santa Rosa de Cabal, José Rodrigo Toro, aparece en el video, en tanto que hoy es contratista de la Agencia Nacional de Tierras de Felipe Harman, también del sector político de Carrillo, y sus funciones no tienen que ver con emergencias y desastres.
Finalmente, el proyecto se construirá allí, en la ribera, pese a que existen todas las alarmas por el comportamiento de una creciente incontrolable del río que ya causó estragos en 2022.
Hay otros tres casos en los que las comunidades afectadas le han pedido a Carrillo respuestas urgentes, pero estas no han llegado. Las familias del derrumbe de Quetame (Cundinamarca), en el que murieron 30 personas hace un año, han esperado la reubicación definitiva que todavía no ha sucedido. El presidente Petro estuvo en la zona y prometió el reasentamiento de las familias en dos meses, pero eso no ocurrió ni en la administración López (atravesada por la corrupción), ni en la de Carrillo.
En Mocoa, las autoridades están esperando la concreción de un proyecto para adecuación hidráulica que se necesita para no repetir la tragedia que todo el país recuerda de 2017. Esto tampoco ha ocurrido. Y, por último, tras una publicación de EL COLOMBIANO sobre el riesgo del rompimiento de un dique en Magangué, Bolívar, el director estuvo reunido con el alcalde del municipio para ejecutar un proyecto de prevención y mitigación durante la última semana, pero voces de la región aseguran que el riesgo sigue siendo inminente.
Los trabajadores se quejan de que algunos contratistas de prestación de servicios los han excluido y perseguido solo por la presunción de que llegaron con Olmedo López. Varios llevan años dentro de la Unidad con una memoria institucional y experiencia de funcionamiento y de procesos, por lo que preocupa la falta de conocimiento de los nuevos funcionarios para atender los riesgos próximos.
Aunque Olmedo López dejó la entidad tras las denuncias de corrupción que hoy tienen a buena parte del alto Gobierno en investigaciones penales, los líos de la Ungrd no se fueron y hoy están más del lado de la falta de gestión del actual director.
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Respuesta de la UNGRD
Este es el cuestionario completo que respondió la UNGRD a la investigación de EL COLOMBIANO:
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