El pasado martes, la jueza Paula Dixon, de San Diego (California), desestimó la solicitud de asilo de Andry Hernández Romero, un inmigrante venezolano que llegó a Estados Unidos el año pasado en busca de asilo, alegando persecución por su orientación sexual y creencias políticas. Ahora lleva más de 75 días detenido en la cárcel de máxima seguridad salvadoreña (CECOT), tras ser deportado por la Administración Trump bajo la ley de Enemigos Extranjeros, y acusado de tener vínculos con la banda Tren de Aragua. Sus abogados y familiares han desmentido reiteradamente que Hernández Romero tenga antecedentes penales y que tenga vínculos con ese grupo y han denunciado que ha sido criminalizado por sus tatuajes.