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La detención de varios disidentes de las Farc que se transportaban en una caravana de la UNP no solo despertó una tormenta política en Colombia, sino también algunos cuestionamientos jurídicos sobre los procedimientos de la Dirección Central de la Fiscalía.
El hecho, tal cual lo ha venido reportando EL COLOMBIANO, ocurrió en la mañana de este martes 23 de julio en una vía del corregimiento de Porce, en el municipio antioqueño de Santo Domingo.
Allí, en un puesto de control, fue detenida una caravana de siete camionetas adscritas la Unidad Nacional de Protección (UNP), que transportaban a integrantes de la facción del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc que todavía están en proceso de negociación con el gobierno de Gustavo Petro.
En total iban 13 disidentes, incluyendo un adolescente reclutado que fue dejado a disposición del Bienestar Familiar. De estos, siete quedaron detenidos porque tenían órdenes de captura vigentes o porque estaban cometiendo delitos en flagrancia, como el porte ilegal de armas y municiones y el transporte de oro y gruesas sumas de dinero sin soporte legal (posible lavado de activos).
Entre los peces gordos que iban en los vehículos estaban Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), comandante del bloque Jorge Briceño; Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”), comandante del frente 18; y Édgar de Jesús Orrego Arango (“Firu”), comandante del frente 36.
La primera falla analizada es una supuesta falta de comunicación entre el Gobierno y la Dirección de la Fiscalía. A los cabecillas y negociadores del EMC les suspendieron las órdenes de captura en octubre de 2023, cuando se formalizó la mesa de negociaciones.
Luego se las volvieron a activar en marzo de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro suspendió el cese el fuego con ese grupo en Cauca, Valle y Nariño, por cuenta de graves violaciones a los DD.HH.
Y después, cuando en junio se tomó la decisión de continuar las conversaciones de paz con una facción del EMC, el Gobierno volvió a solicitar la suspensión de las órdenes de arresto.
Estas órdenes y contra órdenes coincidieron con el cambio en la Dirección Central de la Fiscalía, que fue asumida por Luz Adriana Camargo, en reemplazo de Francisco Barbosa. La nueva jefa, además, cambió a todos los directores de la entidad.
“Lo más seguro es que en esa coyuntura administrativa se hayan traspapelado documentos, como la suspensión de esas órdenes de captura”, señaló un funcionario de la entidad, quien pidió la reserva de su nombre.
En ese contexto de renovación de despachos, se presentó la actual coyuntura. Ante el escándalo político que suscitó la detención, entre los opositores que cuestionaban el mal uso de los vehículos del Estado, y quienes defendían que se trataba de una caravana de paz autorizada por el Gobierno, la fiscal Camargo les envió un documento a los oficiales que atendían el caso.
Se trataba de la Resolución N°0282 del 4 de julio de 2024 de la Fiscalía, firmada por ella misma, que ordenaba suspender las órdenes de captura por seis meses en favor de seis miembros de las disidencias.
Lo cuestionable en que tres de ellos ni siquiera aparecían reseñados con cédula, como en el caso de “Ramiro”, que decía: “Erlinson Echavarría Escobar (sin identificación)”.
La ausencia de una plena identificación produjo cuestionamientos entre los miembros de la Fiscalía y la Policía, pues este es un elemento esencial tanto para ordenar como para suspender una orden de captura.
En el caso de “Firu”, a quien le habían suspendido esa orden de octubre y se la activaron en marzo, al parecer olvidaron suspendérsela de nuevo, por lo que le fue notificada su captura.
Las supuestas irregularidades continuaron con otro documento enviado por Camargo el mismo 23 de julio: una carta dirigida a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, en la cual les informó a sus subalternos que debían cumplir la Resolución N°0282.
En esa misiva, Camargo se refirió específicamente a la situación de “Ramiro”. “La suspensión de órdenes de captura como se dispone en la Resolución N°0282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia , de modo que, sírvase ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión, no puede ser capturado”.
El hecho de que la suspensión de órdenes de captura cobije también las flagrancias levantó múltiples críticas, y hubo funcionarios del Estado que lo interpretaron como una “carta blanca” a los disidentes para que sigan delinquiendo durante la negociación de paz.
“Que algún penalista me explique por favor cómo se come eso de suspensión de órdenes de captura incluso en situaciones de ‘flagrancia’. ¿La Fiscal General tiene competencias para dar inmunidad en capturas para la comisión de futuros delitos? Esto es absurdo (...). Suspender órdenes de captura no tiene nada que ver con omitir la labor constitucional de perseguir delitos observados en flagrancia”, opinó Andrés Tobón, presidente del Concejo de Medellín.
Fuentes judiciales indicaron que la carta de la fiscal Camargo podría rayar en el prevaricato, que se comete cuando un servidor público profiere una “resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley”.
Finalmente, “Ramiro” fue presentado en la audiencia de control de garantías ante el Juzgado Tercero Penal Ambulante de Antioquia, en la noche del 24 de julio. El despacho legalizó la captura y las incautaciones (dinero, oro, joyas y armas).
Sin embargo, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, siguiendo las órdenes de la fiscal Camargo, desistió de formularle la imputación de cargos y pedir medida de aseguramiento, por lo que fue dejado en libertad. Esta misma situación benefició a Diana Carolina Rey Rodríguez (“Érika Castro”), delegada del frente Carolina Ramírez; y Juan Antonio Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), cabecilla del frente Rodrigo Cadete.
Siguen detenidos y pendientes de la imputación de cargos Édgar Orrego (“Firu”), jefe de frente 36; Ómar Delgado Novoa (“Hermes Boyaco”), cabecilla del frente Jhon Linares; Wenser Yosony Duque (“Oliver González”), cabecilla del frente Raúl Reyes; y la disidente María Alejandra Ojeda Londoño.
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