hace 5 días
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La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para Justicia Transicional y Defensa del Derecho a la Paz, lanzó una alerta importante tras la publicación de su tercer Boletín de paz total, donde se documentan las graves dificultades que enfrenta el ambicioso plan del Gobierno colombiano con su política de Paz Total, para negociar la paz con grupos armados ilegales.
El informe detalla cómo, a pesar de algunos avances, como la liberación de rehenes por parte de la Segunda Marquetalia, el proceso sigue plagado de desafíos.
Uno de los más graves es el persistente reclutamiento forzado de menores por grupos armados, con el departamento del Cauca siendo uno de los focos más alarmantes.
En lo que va del año, se han reportado más de 125 casos de menores reclutados en esta región, un crimen que sigue poniendo en jaque las negociaciones de paz.
Además, el boletín advierte que el Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las FARC, ha incumplido sistemáticamente los ceses al fuego pactados, lo que ha obligado al gobierno a suspender temporalmente las treguas en varias zonas conflictivas del suroccidente del país.
A pesar de la instalación de mesas de diálogo, los enfrentamientos entre disidencias y fuerzas de seguridad continúan, aumentando la tensión en regiones afectadas como Antioquia y Cauca.
La Defensoría del Pueblo también pone de relieve la creciente desconfianza en torno a las negociaciones. Los recientes escándalos, como el uso de vehículos oficiales por parte de guerrilleros del EMC, han sembrado dudas sobre la transparencia del proceso. Aunque el Gobierno ha reiterado su compromiso con la paz, la falta de control sobre los acuerdos amenaza con desestabilizar los avances logrados hasta ahora.
Por otro lado, el boletín menciona los esfuerzos del gobierno para aumentar su capacidad militar, con una inversión de 330 mil millones de pesos destinada a fortalecer las fuerzas armadas, en un intento por contener a los grupos armados que continúan con actividades ilícitas como el narcotráfico, extorsión y secuestro.
A pesar de los reveses, la Defensoría del Pueblo insiste en que el proceso de Paz Total no debe detenerse. Sin embargo, urge a las autoridades a priorizar la protección de los derechos humanos en los territorios más afectados por la violencia, y a garantizar que los diálogos no se conviertan en simples treguas temporales que permitan a los grupos armados reorganizarse.
Con el proceso de paz total en un momento crucial, la pregunta sigue siendo si el gobierno será capaz de superar estos obstáculos y consolidar la paz en Colombia.
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