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Una caravana de siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con miembros de las disidencias de las Farc a bordo, recorrió más de 600 kilómetros hasta que se encontró con un puesto de control del Ejército en el Nordeste antioqueño. Los militares, al notar que en estos vehículos viajaban varios guerrilleros reconocidos, decidieron detenerla, lo que dio comienzo a un largo procedimiento que acabó con siete capturas, una nueva crisis política por el cese el fuego con las disidencias y una oleada de críticas a la paz total del Gobierno Nacional.
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Ayer a las 5:00 a.m. en el sector de Puente Gabino, en el corregimiento Porce (Santo Domingo), estaba el puesto de control donde las camionetas fueron detenidas. Sus ocupantes se negaron a bajar, por lo que les tocó quedarse detenidas por nueve horas, hasta que se resolvieran los flecos burocráticos del caso.
Se formó una especie de guerra fría. Por un lado, las autoridades queriendo hacer efectivas las detenciones de los cabecillas señalados de perpetrar actos criminales en nombre del Estado Mayor Central, entre los que estaban Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, quien es el segundo al mando de esta estructura y quien actualmente abandera la facción negociadora. También iban Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo o Firu, comandante del frente 36, y Erlinson Chavarría Escobar, alias Ramiro y líder del frente 18.
Por el otro, los exguerrilleros tratando de escudarse en los argumentos legales que les han dado por formar parte de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional, con cese el fuego incluido, mostrando las suspensiones de las órdenes de captura en su contra, todo con el fin de continuar con su recorrido, que comenzó en Tibú, Norte de Santander, y tenía como destino el municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.
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Después de nueve horas de comunicaciones con abogados y distintas entidades del Gobierno Nacional, la UNP autorizó que la fuerza pública realizara la intervención, pero en un espacio seguro, debido a que no está permitido hacerlo en la vía pública. “Los vehículos no deben ser forzados a ser abiertos en carretera y por ello deben ser conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad”, indicaron desde este organismo.
Por esta razón, con un fuerte apoyo de la Policía y el Ejército, las siete camionetas fueron trasladadas al batallón Pedro Nel Ospina, de Bello, considerado el espacio más apto para hacer las revisiones a estos vehículos y establecer si estaban cumpliendo la ley o si quienes viajaban allí tenían alguna orden de captura vigente para detenerlos.
Los carros interceptados fueron tres Toyota 4Runner con placas FZL359, GCQ277 y JET777; tres Mitsubishi de placas NFU770, LUX875 y LVW415; y una Toyota Hilux de placa JXM341.
Minutos después de poner sus pies abajo de estos vehículos de la UNP, los militares oficializaron la captura de alias Firu, porque el cabecilla del frente 36 no tenía suspendidas sus órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir agravado; utilización ilegal de uniformes e insignias; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas; terrorismo y hurto calificado y agravado.
Con la misma suerte corrió Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika Castro, compañera sentimental de “Calarcá”. Tenía una orden de captura vigente de la Fiscalía 176 Especializada de Bogotá al ser delegada del frente Carolina Ramírez de esta organización.
También se capturó a Ómar Delgado Novoa, alias El Boyaco o Hermes, señalado cabecilla del frente John Linares del bloque comandante Jorge Suárez, en el Meta, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Pero una de las detenciones más esperadas y que por poco no se da fue la de alias Ramiro, quien si bien tenía su orden de captura suspendida, el hecho de que le encontraran una pistola y $26 millones en efectivo fueron suficientes para que lo detuvieran en flagrancia por porte ilegal de armas.
Finalmente también fueron detenidos Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla del frente Rodrigo Cadete; Wenser Yosony Duque, alias Óliver González, cabecilla del frente Raúl Reyes; y María Alejandra Ojeda Londoño, integrante de estas disidencias.
Anoche la Fiscalía ordenó la libertad de tres de los capturados, entre los que se encuentra alias Ramiro, asegurando que las suspensiones de las órdenes de captura aplicarían hasta para situaciones en flagrancia. El ente acusador señaló que se mantienen activas las investigaciones y se abren nuevos procesos contra todos los implicados en esta situación.
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Tras este procedimiento judicial, Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, comandante político del Bloque Magdalena Medio, aseguró que en los vehículos se movilizaba una delegación que estaba en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional y que se encontraban en este municipio de Norte de Santander deliberando sobre los avances de las negociaciones.
También le atribuyó la responsabilidad al Gobierno Nacional de estas capturas, indicando que el pasado 17 de mayo enviaron el requerimiento al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para que se le otorgara la suspensión de esas órdenes judiciales contra estos cabecillas, al menos, mientras avanzaban las conversaciones.
En estos vehículos también se movilizaban Jesús María Restrepo Borja, alias Panda, cabecilla político de la estructura 36; Óscar Javier Cuadrados Zea, alias Alejandro, segundo cabecilla de la estructura 36; y Viviancy Lopera Várelas, alias Sara, quien es la novia de “Ramiro”. Todos ellos, al igual que “Calarcá”, fueron dejados en libertad porque sus órdenes de captura estaban suspendidas o no tenían ninguna acción judicial vigente, de acuerdo con la información de los investigadores del caso.
Lo que sí encontraron las autoridades dentro de estos vehículos, además del arma incautada y el dinero de “Ramiro”, fueron otros $86 millones en efectivo y varios gramos de oro de los cuales no se habría justificado su procedencia.
A eso se sumaron dos computadores portátiles, un teléfono satelital, dos pistolas calibre 9 milímetros, una empuñadura de fusil y al menos una decena de memorias USB.
“En los vehículos de los esquemas es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes, ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrechos y elementos que afecten la política de paz”, señalaron desde la UNP.
El gobernador de Antioquia y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, indicaron que en estos automotores, después de la verificación, se confirmó que no se estaban transportando drogas ni para consumo ni para venta.
Luego de estas detenciones, desde el Gobierno Nacional pusieron el grito en el cielo, argumentado que la caravana estaba autorizada y que esperan claridades sobre cómo se procedió para interceptar el recorrido y las posteriores detenciones.
“Esta caravana estaba autorizada por el Gobierno Nacional para transformaciones territoriales. Se ha detenido a uno de los comandantes, que tiene su suspensión de orden de captura en trámite. Es una situación irregular y no se ha procedido de acuerdo con la ley. Estamos esperando que esa situación se aclare”, manifestó Camilo González Posso, coordinador de la delegación del gobierno en la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor.
Esta posición fue criticada por el gobernador Rendón: “Hay una cosa muy triste acá y es que yo tengo dos alcaldes amenazados. Uno de ellos, el de Toledo, tuvo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner esa denuncia porque no tiene protección de la UNP. Yo le acabo de entregar un carro blindado de la Gobernación al de San Rafael, también amenazado, y estos criminales paseándose con los recursos de la UNP por todo el país con armamento, con dinero en efectivo, con oro, supuestamente unos en el proceso de negociación que nunca informaron”, expresó Rendón.
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