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Una investigación reciente, revelada por W Radio y llevada hasta el Ministerio de Hacienda por el investigador Jorge González, ha destapado un nuevo escándalo que enloda al Gobierno de Gustavo Petro.
El meollo del asunto se refiere a que diez empresas estarían obteniendo beneficios irregulares de contratos con la Central Hidroeléctrica Urrá, en Córdoba.
Estos contratos suman por lo menos $1,4 billones. De estas empresas, tres tienen vínculos con personas cercanas al presidente Gustavo Petro.
Según el informe de La W, las empresas no cumplen con los criterios técnicos para las contrataciones y habrían generado pérdidas de $300 mil millones debido a los altos márgenes de utilidad.
Asimismo, esta cadena radial conoció que, entre las figuras clave mencionadas en la investigación está Vladimir Fernández, quien hizo parte de la junta directiva de Urrá, y era el entonces secretario jurídico del presidente Petro. Hoy, Fernández es magistrado de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el informe, de las 10 empresas involucradas, tres llaman la atención: en primer lugar, Generarco S.A. Esta compañía está relacionada con el exsocio de un amigo cercano de Petro, Mauricio Sanguino Kuri, quien tiene conexiones con la Casa de Nariño y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Danilo Romero es el compadre del presidente Petro, quien fue socio de esa empresa. Pero ya no aparece en los papeles desde 2013. Según La Silla Vacía, la dueña de todas las acciones es una empresa en Panamá llamada Jostana Inc. Dato que complementó La W al revelar que Romero vendió esa empresa “hace más de 6 años”, y que Sanguino Kuri había dicho que la relación comercial se había extinguido hace 10 años.
Otra investigación de La Silla Vacía precisó que Romero es un empresario del sector energético que conoce a Petro desde hace más de 20 años y forma parte de su círculo íntimo. Incluso, pagó el viaje personal de Petro a Italia tras ganar las elecciones. Su nombre sonó para ser ministro de Minas y varios de sus familiares están en el Gobierno.
Según ese medio, Romero tiene conexiones con Orlando Cabeza, dueño de Helistar, una empresa investigada por ganar licitaciones millonarias en Ecopetrol con presuntos favoritismos. Además, Romero también es cercano a Alexander Cadena, quien este año asumió la presidencia de Cenit, la filial de Ecopetrol encargada del transporte de crudo y otros derivados. Aunque Romero ha negado tener influencia en el Gobierno de Petro, las investigaciones sugieren lo contrario.
En segundo lugar, está la empresa Energético ESP (ENE), propiedad de Marisol Segura y su hijo, José Alejandro Jiménez. La W puntualizó que Segura es dueña de la casa en Estados Unidos donde operaba WindSun Energy LLC, empresa de Julián Caicedo, novio de Ricardo Roa; y Tatiana Vargas, hija de Santiago Vargas, el mayor financiador de Colombia Humana.
También se conoció que Santiago Vargas ha tenido negocios en sectores como plástico, zonas francas y construcción. Es dueño de Negocios Varvill y Actividades de Capital. Entre 2022 y 2023, donó $1.500 millones a Colombia Humana, aunque, según La Silla Vacía, su contabilidad no muestra cómo pudo haber donado esa cantidad. Al mismo tiempo que financiaba a Colombia Humana, las empresas de Vargas empezaron a expandirse hacia los negocios de energías renovables y petroleros.
En tercer lugar, está Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP), que está vinculada a Nicolás Petro, según La W. Aunque no se menciona explícitamente su nombre, la emisora afirmó que su gestor de negocios ha sido socio de Nicolás Petro y ha sido mencionado en la trama de aportes de dudosa procedencia a la campaña presidencial.
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a La W que el ministro Ricardo Bonilla y el presidente Petro se reunieron. También aseguraron que el presidente Petro está al tanto de la situación y que informará a las autoridades pertinentes para que investiguen el caso.
Tras estas denuncias, Generarco, cuyo accionista mayoritario es Mauricio Sanguino Kuri, emitió un comunicado en el que aclaró que nunca ha tenido negociaciones mediante el mercado regulado con esta hidroeléctrica, pero sí reconoció que lo han hecho mediante la figura del mercado no regulado.
“Es correcto que el Sicep es el sistema centralizado de información de convocatoria pública. A pesar de lo anterior, añadiríamos que las convocatorias y contratos que se realizan y se perfeccionan por medio del Sicep, tienen como destino satisfacer la demanda del mercado regulado”, se lee en el comunicado.
A renglón seguido, Generarco precisó que no atiende el mercado regulado y nunca ha celebrado contratos con Urrá o ha participado en convocatorias que involucren a las dos compañías en el marco del Sicep.
“Todas las negociaciones sostenidas con Urrá hasta la fecha, han sido dirigidas al mercado no regulado y/o respaldo de contratos”.
Sobre estos contratos y su utilidad, la empresa comentó que los generadores pueden asignar el precio según su modelo de negocio, sin que la compañía tenga influencia en este proceso.
Y en cuanto a Danilo Romero, quien fue presidente de Cenit y antiguo socio de Mauricio Sanguino Kuri, la compañía precisó que no ha tenido ningún vínculo con la empresa en más de una década y no ha participado en sus asuntos desde entonces. Romero, conocido por su cercanía a la Casa de Nariño, se desvinculó de la compañía hace mucho tiempo.
EL COLOMBIANO se comunicó con la Central Hidroeléctrica Urrá y no hubo respuesta. También consultó a Acolgén, el gremio las hidroeléctricas y generadoras de energía eléctrica del país, y reconoció que sí conocen el caso, pero que están a la espera del pronunciamiento oficial de la empresa.
Hablan los ministerios
En medio de las denuncias sobre la empresa de energía Urrá S.A. E.S.P., los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía han dado a conocer información clave sobre la situación actual de la compañía.
En un comunicado aclararon que, el pasado 8 de febrero, en una junta extraordinaria, la mayoría de la Junta Directiva de Urrá decidió solicitar la salida de Rafael Amaya Del Vecchio de la Presidencia. Amaya no se quedó de brazos cruzados y presentó una acción de tutela para ser reintegrado en su cargo.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería falló a su favor, ordenando su reintegro y protegiendo sus derechos fundamentales, entre ellos la estabilidad laboral y el mínimo vital. Sin embargo, este fallo fue impugnado por la empresa.
La novela no terminó ahí. El 29 de mayo, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Montería revocó la decisión inicial, negando la tutela de Amaya y permitiendo a la Junta Directiva de Urrá ratificar la terminación de su contrato en una sesión ordinaria el pasado 29 de mayo.
En la misiva, los dos ministerios reconocieron que hubo irregularidades dentro de la empresa de energía eléctrica.
“Según los estatutos de la compañía, la celebración de los contratos de energía no requiere aprobación de la Junta Directiva..., se tuvo conocimiento de presuntas irregularidades. Lo anterior al solicitar información respectiva a los precios a los que Urrá S.A. E.S.P. ha venido comercializando la energía, las empresas con las que se ha contratado, los mecanismos utilizados y las modalidades de contratación, así como los tiempos de duración de dichos contratos”, detallaron MinMinas y MinHacienda.
Para aclarar cualquier duda y asegurar la transparencia, los ministerios han pedido a Urrá que active una auditoría específica y contrate una auditoría forense. Además, el pasado 31 de julio, las carteras mencionadas solicitaro a los representantes ministeriales en la Junta Directiva exigir al gerente encargado, Eduardo Díaz, suspender cualquier contrato de venta de energía mientras se investiga.
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