El Defensor del Pueblo Andaluz pide una solución “urgente” para el asentamiento de Níjar

A menos de 24 horas de que los 60 residentes del asentamiento del cortijo El Uno en Níjar (Almería, 31.816 habitantes), entre ellos nueve niños y niñas, sean desalojados por mandato judicial, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha dado un buen rapapolvo al ayuntamiento de este municipio almeriense. En un documento enviado a primera hora de este lunes, Maeztu ha pedido al consistorio que “con carácter urgente y preferente” valore la situación de vulnerabilidad de estas personas, se coordine con otras administraciones para que no queden en situación de calle “priorizando las familias con menores” y canalicen sus recursos de la mano de las entidades sociales que trabajan en la zona. Un buen número de ellas, incluidas en la plataforma Derecho a Techo, han anunciado movilizaciones por un desahucio que consideran “injusto e inhumano”, mientras desde los Servicios Sociales municipales aseguran que es un “tema privado” que no es de su competencia. Este sería el cuarto desalojo en dos años en la zona tras los conocidos como Walili, Megasa y El Cañaveral, todos ya eliminados por excavadoras.

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Cuarto desalojo en dos años

Si todo continúa como está previsto, el desalojo del cortijo El Uno será el cuarto que ocurre en un asentamiento de Níjar en los últimos dos años. El primero ocurrió en febrero de 2023 en el denominado Walili, donde residían unas 500 personas, tras un amplio dispositivo policial. Luego llegó uno más pequeño, conocido como Megasa, en ambos casos sin alternativas para sus ocupantes. El pasado verano ocurrió el tercero, en El Cañaveral, aunque ahí la veintena de habitantes sí obtuvo una opción para el realojo —previa al derribo de las chabolas— gracias a la iniciativa del SJM, que gestiona desde entonces una docena de viviendas y un cortijo rehabilitado con, en total, unas 80 plazas.