El caso por presunta corrupción de exfuncionarios de Daniel Quintero en contratos de zonas verdes pasó a la etapa de juicio

Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina son los dos exfuncionarios acusados por este caso. FOTOS: ARCHIVO

El proceso contra dos altos exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero y un empresario particular por su presunta responsabilidad en el mal manejo que se le habría dado a la contratación del mantenimiento de zonas verdes en Medellín en el periodo pasado superó este viernes la audiencia de formulación de acusación y seguirá su curso hacia la etapa de juicio.

Esta investigación compromete a la ex secretaria de Infraestructura Física del Distrito de Medellín, Natalia Urrego Arias; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y a la que fuera , ex Gerente de Metroparques, y a la representante legal de la firma Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao Rodríguez. Contra ellos pesan aún los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, toda vez que el fiscal del caso se mantuvo en la sustentación de estos delitos, pero dejó atrás el de asociación para cometer delitos contra la administración pública.

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La imputación de estos cargos se había realizado el pasado 20 de enero.

Fuentes cercanas a este proceso manifestaron que existía el temor de que alguna de las partes, sobre todo la defensa, pidiera en la audiencia de se declarara la preclusión o anulación alegando por ejemplo que no se hubieran recogido de manera integral los elementos probatorios, tanto los que recaen contra los tres implicados como los que los beneficiarían; sin embargo, al parecer la exposición hecha por la Fiscalía habría sido lo suficientemente convincente para que este argumento no saliera a flote.

Lo que sí ocurrió fue que uno de los apoderados adujo que existiría una doble incriminación, pues los dos delitos que pasan a la fase de acusación son similares; no obstante, el juez aclaró que esa sería materia de discusión, pero en la etapa de juicio.

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Este caso ha cobrado relevancia porque habría conducido al descuido de los jardines y zonas verdes de la capital antioqueña, todo con el fin de, presuntamente, favorecer a particulares.

Resulta que era una misión que por muchos años había cumplido el Jardín Botánico, pero en 2020, dentro de la administración Quintero, decidieron quitárselo para repartir la contratación. La Secretaría de Infraestructura suscribió un convenio interadministrativo con Metroparques, lo que le permitía a esta segunda entidad contratar con particulares y esta a su vez -entonces en cabeza de Liévano- habría direccionado los contratos mediante una invitación privada a tres empresas que estarían ligadas con la Reforestadora El Líbano.

En la audiencia, el fiscal volvió a explicar que siendo el rubro de mantenimiento de zonas verdes por 12.000 millones, le asignaron al Jardín Botánico solo 7.000 millones y eso coincidió con la petición que le hicieron y que no aceptó, de revisar los cargos necesarios para ejecutar ese contrato. En otros apartes del proceso se ha hablado de presiones para ubicar personas afines a la administración.

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Y otra coincidencia -que la Fiscalía no considera como tal- es que seis meses después Infraestructura firmó un convenio con Metroparques también por 5.000 millones de pesos, que serían los mismos que dejó de contratar antes.

Dentro del proceso también se han puesto de presente como hechos relevantes las presuntas relaciones entre Reforestadora El Libano, Construgeo y Mascampo, que fungieron como supuestas competidoras, pero en realidad habrían tenido acuerdos que según el fiscal configurarían una presunta colusión. Y un indicio de ello es la extraña semejanza de las propuestas que presentaron, que, en el monto se diferenciaban solo en 68.000 pesos.

La audiencia comenzó hacia las 10:30 a.m. y culminó tres horas después, a la 1:30 p.m. En ella, fuera de la formulación de cargos, se fijaron las fechas para las audiencias preparatorias del juicio, que se celebrarán entre los próximos meses noviembre y abril. Serán los momentos en los que Fiscalía y la defensa presenten las pruebas que llevarán al juicio.