Diez Años Después

En noviembre se cumplen diez años de la firma del Acuerdo de Paz. Una discusión menos emocional no necesita escoger entre celebrar el acuerdo o desconocer sus fallas. Debe preguntarse qué cambió realmente en los municipios que pusieron los muertos. El acuerdo permitió el desarme de las FARC-EP, abrió espacios políticos, y creó instituciones para atender a las víctimas. Son resultados que el país debe preservar. Pero la paz prometía algo más ambicioso: cerrar la brecha entre la Colombia urbana y la rural. Allí está su mayor deuda.

Durante décadas confundimos la presencia del Estado con la llegada ocasional del Ejército, un subsidio, o una obra aislada. Un Estado presente garantiza seguridad pero también propiedad formal, vías transitables, conectividad, crédito, y asistencia técnica. Entregar tierra sin protegerla ni volverla productiva no transforma una familia. Construir una carretera sin asegurar su mantenimiento tampoco transforma una región.

Los territorios más golpeados por la guerra continúan atrapados en un círculo conocido: la debilidad institucional facilita la expansión de economías ilegales; esas economías financian nuevos grupos armados que, a su vez, profundizan la ausencia del Estado. Por eso seguridad y desarrollo rural no compiten: dependen el uno del otro.

El problema tampoco puede reducirse a la falta de inversión. Con corte a febrero de 2026, la ART reportaba 7.574 proyectos PDET por $32,22 billones constantes de 2016 en 170 municipios de 16 subregiones. La discusión ya no es solo de recursos; también es de capacidad estatal. A diez años de la firma, debemos abandonar la política de los proyectos dispersos. Colombia financia con PDET, regalías, obras por impuestos, recursos sectoriales, y cooperación internacional. Lo que falta no siempre son más recursos. Falta una arquitectura que haga que esos instrumentos trabajen sobre el mismo territorio, con metas compartidas de una secuencia coherente de resultados.

Cada municipio PDET debería tener un balance verificable: cuánto se prometió, cuánto se contrató, cuánto se terminó, y qué transformaciones produjo. No basta contar kilómetros o cupos; debemos medir ingresos rurales, tiempos de viaje, acceso a servicios, homicidios y hectáreas que pasaron a economías legales. También debemos concentrar la inversión en corredores de desarrollo rural que conecten producción, vías, conectividad, servicios y mercado. La dispersión reparte contratos; la concentración cambia economías.

Se requieren gerencias territoriales con capacidad real de ejecución y contratos de desempeño: responsables identificables, cronogramas plurianuales y recursos protegidos de la improvisación política. La Nación debe destrabar proyectos; departamentos y municipios deben ejecutar y rendir cuentas.

La discusión sobre la paz seguirá polarizada mientras la midamos por discursos o ceremonias. Cambiará cuando un campesino pueda registrar su predio, sacar su cosecha por una vía transitable, obtener crédito, y vivir sin pagar extorsión. Diez años después, la mejor manera de defender el acuerdo no consiste en idealizarlo. Y la mejor manera de corregirlo no es destruirlo, sino convertirlo en Estado. La paz dejará de ser una promesa de Bogotá cuando se vuelva desarrollo en el campo.