¡Amiga, yo te creo!… ¿Usted les cree?

La sororidad no puede tener carnet de partido.

Hay una curiosa particularidad en las luchas feministas de nuestro tiempo: la indignación parece tener orientación política. Frente a los numerosos escándalos de abuso, acoso y violencia contra las mujeres que han involucrado a personajes públicos, llama poderosamente la atención que algunos colectivos, activistas y organizaciones feministas, particularmente cercanos a la izquierda, parezcan administrar su solidaridad dependiendo de quién sea el señalado.

La sororidad, ese principio de solidaridad entre mujeres que tanto se proclama, parece tener condiciones de admisión. Si el presunto agresor es de derecha, aparecen las marchas, los comunicados, las campañas digitales y la condena pública. Pero cuando el señalado pertenece al progresismo, la indignación parece tomarse unas vacaciones, las explicaciones se multiplican y la presunción de inocencia adquiere una importancia que, en otros casos, no siempre recibe.

¿Se trata de defender los derechos de las mujeres o de defender una causa política utilizando sus reivindicaciones?

Aclaro desde el comienzo que no pretendo convertir una denuncia en una condena. La presunción de inocencia y el debido proceso son garantías fundamentales que deben proteger a todos, sin importar su ideología, cargo o cercanía con el poder. Precisamente por eso, exigiría a quienes hacen activismo en las redes sociales la misma vehemencia para reclamar justicia en todos los casos. Lo que no resulta admisible es una indignación selectiva.

Arranquemos por el panorama internacional. En España, Íñigo Errejón, fundador de Podemos y dirigente de Sumar, terminó apartado de la política tras las denuncias de comportamiento sexual inapropiado y la acusación de agresión sexual presentada por la actriz Elisa Mouliaá. El caso llegó a los estrados judiciales y provocó un escándalo político que puso en aprietos a buena parte de la izquierda española.

En Argentina, el expresidente Alberto Fernández fue denunciado por su expareja Fabiola Yáñez por violencia de género. Las fotografías, testimonios y actuaciones judiciales terminaron convirtiendo el asunto en uno de los mayores escándalos de su gobierno. En Bolivia, Evo Morales fue investigado por presuntos delitos de estupro y trata de personas, relacionados con una adolescente que habría quedado embarazada cuando tenía 16 años. Tres nombres de la izquierda latinoamericana, tres escándalos que merecen revisarse y, sobre todo, una pregunta: ¿dónde estuvo la misma indignación que habitualmente se despliega contra los dirigentes de derecha?

En México tampoco faltan ejemplos. Félix Salgado Macedonio, dirigente de Morena y aspirante a la gubernatura de Guerrero, enfrentó denuncias por presuntos delitos sexuales. Cuando le preguntaron a Claudia Sheinbaum por su candidatura, respondió que era un asunto que debía resolver Morena y recordó que, según sabía, no existía sentencia. ¡Qué conveniente resulta descubrir la importancia de la presunción de inocencia cuando el cuestionado pertenece a la propia casa!

En Colombia los casos tampoco son pocos. Armando Benedetti fue denunciado por su esposa por presunta violencia intrafamiliar. Hollman Morris enfrentó una denuncia de una periodista por presunto acto sexual violento, cuya investigación fue reactivada por la Fiscalía en abril de 2026. Matador, el caricaturista cercano al Pacto Histórico, reconoció públicamente haber agredido a su esposa y pidió perdón. Son episodios diferentes, con situaciones judiciales distintas, pero todos merecen una revisión sin filtros ideológicos.

Y aquí aparece un dato que vale la pena verificar: Las Igualadas, uno de los espacios feministas más visibles del periodismo colombiano, sí han publicado sobre los casos de Matador y Hollman Morris. No se trata entonces de inventar silencios absolutos, sino de preguntarse por qué la contundencia, la frecuencia y la visibilidad de los pronunciamientos parecen cambiar cuando los protagonistas son figuras de mayor peso político.

Pero volvamos a Colombia y al escándalo que hoy pone a prueba la coherencia de quienes se han proclamado defensoras de las mujeres: las denuncias contra Gustavo Petro.

Durante su gobierno, las controversias sobre su vida personal, sus ausencias y sus comportamientos fueron objeto de múltiples cuestionamientos. Algunas versiones sobre fiestas, consumo de sustancias y encuentros privados circularon durante años. El exministro Álvaro Leyva, por ejemplo, formuló señalamientos sobre la conducta del mandatario durante un viaje a Lisboa. Muchas de estas versiones fueron tratadas como rumores o vendettas políticas, pero los acontecimientos posteriores han vuelto a poner sobre la mesa preguntas que merecen respuestas.

Después aparecieron los nombres de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, vinculadas a controversias por sus nombramientos, trayectoria y cercanía con el entorno presidencial. Las denuncias de Angie Rodríguez, antigua funcionaria de la Presidencia y persona cercana al círculo de poder, añadieron nuevos interrogantes sobre las relaciones personales y las dinámicas internas del Gobierno. Son asuntos que deben investigarse por separado, pero resulta difícil desconocer que el entorno presidencial terminó convertido en un escenario de intrigas, nombramientos cuestionados y versiones que todavía esperan explicaciones convincentes.

Y entonces apareció Deicy Jiménez.

La mujer afirmó que habría mantenido una relación con Petro desde cuando este era senador y que algunos contratos estatales habrían servido como contraprestación por encuentros sexuales. También habló de otras mujeres que, según su versión, habrían recibido contratos mediante mecanismos similares. Jiménez habló de entre 30 y 40 mujeres; por otro lado, Carlos Andrés Ríos, director del DAPRE, formuló una denuncia distinta en la que mencionó a 48 mujeres presuntamente instrumentalizadas mediante contratos.

La denunciante presentó conversaciones, registros contractuales y posteriormente publicó un video en el que aparece junto al expresidente y ambos se besan. No es poca cosa. Naturalmente, el material tendrá que ser examinado por las autoridades, pero tampoco se puede despachar el asunto como un simple invento de redes sociales. Petro negó haber entregado contratos a cambio de favores sexuales y anunció que se defenderá ante la justicia. La Fiscalía deberá establecer qué hay detrás de las denuncias y verificar las evidencias.

¿Y las feministas? ¿Dónde están las voces que durante años reclamaron creerle a las mujeres? ¿Dónde están los comunicados de quienes han convertido la defensa de las víctimas en una de sus principales banderas?

Hay que reconocer excepciones. Jennifer Pedraza se pronunció públicamente y exigió investigar las denuncias, cuestionando la posible utilización del poder presidencial para instrumentalizar a mujeres. Su posición contrasta con la ausencia de pronunciamientos directos que, hasta ahora, he podido verificar en otras figuras y organizaciones que suelen tener una presencia particularmente activa en estas discusiones.

Y aquí está el punto: no se trata de exigir que alguien declare culpable a Petro, sino de reclamar que la gravedad de las denuncias sea reconocida con independencia de quién sea el señalado. Si se exige escuchar a las mujeres cuando denuncian a un político de derecha, también debe exigirse cuando el denunciado es el máximo referente de la izquierda colombiana.

La presunción de inocencia no puede convertirse en una mordaza para las denunciantes, así como el principio de creerle a las mujeres no puede utilizarse para condenar sin pruebas. Ambas garantías deben convivir. Esa es precisamente la diferencia entre defender derechos y utilizar causas sociales como instrumentos de conveniencia política.

Porque si la sororidad depende del partido, la ideología o la simpatía que despierte el presunto agresor, deja de ser un principio universal para convertirse en otra herramienta de militancia.

La mujer que denuncia no debería tener que presentar su carnet ideológico para merecer solidaridad. Tampoco debería ser desacreditada por resultar incómoda para una causa política.

¡Amiga, yo te creo! ¿Usted les cree?

La pregunta no es si debemos creerle a Petro o a Deicy Jiménez. La pregunta es si estamos dispuestos a exigir la misma verdad, la misma justicia y la misma responsabilidad para todos.

Porque la sororidad no puede tener carnet de partido. Y los derechos de las mujeres no pueden ser propiedad de la izquierda, de la derecha ni de ningún movimiento político.