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La senadora del Centro Democrático María Clara Posada celebró las decisiones y aseguró que representan un avance frente a los cuestionamientos que había planteado sobre los gastos de funcionamiento de la jurisdicción durante la presidencia de Alejandro Ramelli. Según Posada, sus denuncias contribuyeron a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos de la entidad.
“Gran logro a raíz de nuestras denuncias contra el derroche de la JEP. Después de pagar más de $160.000 millones durante ocho años en el arrendamiento de Torre Squadra, a pesar de que la construcción costó $20.000 millones en 2020, el nuevo presidente de la JEP decide terminar el contrato de arrendamiento y pasarse a una sede más pequeña y económica”, manifestó la senadora.
El anuncio de Rojas contempla que la JEP entregue formalmente su actual edificio en marzo de 2027. La entidad pasará de ocupar cerca de 15.000 metros cuadrados a utilizar aproximadamente 4.200, con lo que espera reducir sus costos en unos $26.000 millones anuales.
El nuevo modelo también establece que el trabajo virtual será la regla y que se implementarán turnos para organizar las labores de los funcionarios. A esto se suma el recorte del 85% de los contratos de prestación de servicios, que, según el magistrado, representaría un ajuste de aproximadamente $83.000 millones.
En contexto: JEP anuncia trabajo virtual, entrega su sede y elimina esquemas de protección por recortes presupuestales
Otra de las decisiones anunciadas consiste en reducir los esquemas de seguridad de magistrados, fiscales, secretarios ejecutivos, víctimas, testigos y comparecientes. De acuerdo con Rojas, esta medida permitiría un ahorro aproximado de $37.000 millones anuales. En el caso de los secretarios ejecutivos, se prescindirá por completo de sus esquemas de protección.
Aunque celebró los anuncios, Posada advirtió que todavía hay asuntos sobre los que espera respuestas de la jurisdicción. En un pronunciamiento público, cuestionó la gestión del anterior presidente, Alejandro Ramelli, y contrastó su actitud con la disposición al diálogo que, según ella, ha mostrado Danilo Rojas.
“Qué diferencia la actitud del nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, frente a la arrogancia de Alejandro Ramelli, que quiso imponer su voluntad en el Congreso y abstenerse de rendir cuentas”, expresó.
La senadora también pidió revisar los derechos de petición que ha presentado y solicitó explicaciones sobre los pagos relacionados con el arrendamiento de la sede y los cuestionamientos que ha formulado sobre la contratación de la entidad.
Además, insistió en que la discusión no debe limitarse al ahorro presupuestal. Para Posada, la JEP debe garantizar los derechos procesales de los integrantes de la Fuerza Pública que no aceptaron responsabilidad en los hechos investigados y que buscan demostrar su inocencia.
“Invito al magistrado Rojas a escuchar nuestro llamado para actuar en derecho, conforme a la Constitución y la ley, y darles garantías procesales a los militares y policías que no aceptaron responsabilidad y batallan por defender su inocencia”, señaló.
Finalmente, la congresista planteó otros interrogantes relacionados con la reparación de las víctimas y la entrega de bienes por parte de las extintas Farc, así como con las garantías de imparcialidad dentro de la jurisdicción.
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