Consternación e indignación ha generado la masacre de ocho líderes religiosos en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare, quienes fueron obligados a cavar la fosa común donde posteriormente fueron enterrados. Las víctimas no estaban relacionadas con el conflicto armado y, según las autoridades, eran líderes sociales y espirituales que habían llegado a la zona desde Arauca para adelantar labores comunitarias, agrícolas y religiosas.
Los responsables del crimen serían integrantes del Frente Armando Ríos, una estructura disidente de las FARC que obedece órdenes de alias Iván Mordisco. La ejecución, según información preliminar, se habría ordenado por la sospecha de que las víctimas tenían vínculos con el ELN, lo cual no ha sido sustentado con evidencia.
De acuerdo con el reconocimiento inicial de los familiares, las víctimas fueron identificadas como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hernández, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón. Todos estaban desaparecidos desde abril.
La Confederación Evangélica de Colombia #CEDECOL expresa su profunda consternación, indignación y rechazo ante el vil asesinato de ocho líderes cristianos, cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa común en zona rural del municipio de Calamar, departamento del Guaviare. pic.twitter.com/rsE1OSgwOY
— CEDECOL (@CEDECOL) July 2, 2025
La Fiscalía indicó que estas personas habían sido citadas por el grupo armado ilegal a través de una videollamada el pasado 4 de abril. Dos de ellos asistieron y fueron llevados en lancha con rumbo desconocido. Tres días después, los otros seis también fueron retenidos por hombres armados.
Raúl González, fiscal delegado para la criminalidad, confirmó que fueron ejecutados sin pruebas que justificaran la acción:
“Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento”, afirmó el funcionario.
Durante semanas no hubo rastro de las víctimas, a pesar de las súplicas de la Defensoría del Pueblo y del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño, quien expresó:
“Hago un llamado amable y respetuoso, pero sobre todo invitando a la condolencia, del actor que haya sido para que informe cuál es el paradero de estas 8 personas que desaparecieron, para que al menos nos den una pista de dónde están”.
El caso dio un giro cuando, tras la captura de un presunto disidente, se hallaron en su celular fotografías de las víctimas, algunas aún con vida y otras ya sin signos vitales. Gracias a esta evidencia, la Fiscalía determinó que la orden de asesinato vino del círculo cercano de alias Iván Mordisco.
La situación en Guaviare es crítica. El territorio se ha convertido en un campo de batalla entre distintas facciones disidentes de las FARC: el Estado Mayor Central y el Estado Mayor de Bloques y Frentes, liderado por alias Calarcá. Solo el pasado 20 de enero, un enfrentamiento entre estos grupos en Calamar dejó 20 muertos.
Ya en su Alerta Temprana 001 de 2025, la Defensoría había advertido sobre los graves riesgos para las comunidades en zonas como Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta y Guaviare, incluyendo posibles homicidios, confinamientos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.
El Ministerio Público también denunció que aún se sienten los efectos del paro armado decretado por las disidencias de Iván Mordisco en junio, que confinó a cerca de 10.000 personas. La ayuda humanitaria no ha logrado ingresar a muchas zonas.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año se han registrado 33 masacres en Colombia.