Consejo de Estado aceptó estudiar solicitud para que se anule la decisión con la que se permitió al CNE investigar la campaña Petro

El Consejo de Estado aceptó, para su estudio, una solicitud que pretende declarar nula las facultades que ese mismo tribunal le había entregado al Consejo Nacional Electoral para investigar las aparentes irregularidades que cometió la campaña Petro presidente en 2022.

La decisión fue comunicada mediante un Auto por el magistrado Juan Manuel Laverde Álvarez. Con esto se accedió parcialmente a las pretensiones de la defensa del presidente Gustavo Petro, quienes insisten que el CNE no debería estar facultado para investigar al jefe de Estado.

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En el Consejo de Estado ya corrieron traslado de la decisión al CNE y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

La búsqueda de nulidad de Héctor Alfonso Carvajal –abogado del presidente Petro– viene desde el 6 de agosto pasado. Ese día la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado decidió que el CNE sí estaba facultado para investigar la aparente violación de topes de campaña en la que incurrió el Pacto Histórico en la pasada campaña presidencial y que sumaría –de acuerdo con la ponencia del CNE– unos 5.300 millones de pesos.

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Desde las toldas afines al presidente Gustavo Petro han insistido en que el CNE no está facultado para investigar al presidente y advierten un golpe de Estado. Es que si la investigación del CNE concluye irregularidades, podría interponer sanciones administrativas y daría copia del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara: solo en ese punto iniciaría un posible juicio político contra el presidente.

Este lunes, el CNE se reunió –en una sala plena– para determinar si abría una investigación formal contra el presidente y su exgerente de campaña, Ricardo Roa (hoy en la cabeza de Ecopetrol). Sin embargo, esa decisión terminó siendo aplazada hasta el 30 de septiembre.

Lo cierto es que la solicitud de nulidad no es el único recurso que estudia el Consejo de Estado en este caso. El 3 de septiembre pasado el máximo tribunal de lo contencioso administrativo aceptó una acción de tutela interpuesta por Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna en la que argumentaban que existe un conflicto de competencias entre la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.