Cayó red criminal integrada por militares que le vendían armas a las disidencias de las Farc

En una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar, cinco personas fueron arrestadas bajo sospecha de integrar una red criminal dedicada a la venta ilegal de armas a grupos insurgentes en Colombia. Los detenidos están acusados de suministrar armamento tanto al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc como al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido comúnmente como el Clan del Golfo.

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El operativo, llevado a cabo en Bogotá, Villavicencio (Meta) y cerca de Melgar (Tolima), culminó con la incautación de 4.411 cartuchos de diferentes calibres y más de un kilogramo de pasta base de coca. Estas capturas representan un golpe significativo contra las redes de tráfico de armas que alimentan la violencia en diversas regiones del país.

De acuerdo con la Fiscalía, esta organización delictiva estaría compuesta por al menos trece individuos.

Los capturados utilizaban sus conexiones dentro del Ejército para extraer armamento y municiones de distintas unidades militares. Posteriormente, estos elementos eran trasladados en vehículos oficiales y distribuidos a las disidencias de las Farc en el oriente colombiano.

Parte del armamento sustraído se almacenaba temporalmente en casas de los barrios Chapinero e Isla del Sol, en Bogotá, antes de ser enviado a otros puntos del país. Para evitar los controles de seguridad, los criminales alquilaban vehículos de la institución militar, asegurando así un transporte más seguro y discreto de las armas.

Las investigaciones revelaron que este esquema incluía un intercambio de armamento por drogas. Según la Fiscalía, las disidencias de las Farc pagaban las armas y municiones con clorhidrato de cocaína y pasta base de coca, lo que indica una conexión directa entre el tráfico de armas y el narcotráfico.

Esta relación no solo financia las actividades ilegales de las disidencias, sino que también refuerza su capacidad de combate, prolongando el conflicto armado en el país.

Entre los capturados figuran Yeison Farley Bolaños Noguera y Ángel Alberto Sosa Villamil, militares activos del Ejército Nacional que, aprovechando su posición, extraían las armas de las guarniciones militares para entregarlas a los grupos insurgentes.

También fueron detenidos José Bladimir Bohada, alias “Popi”, Julio Ernesto Chiquazuque Flórez y Juan Camilo Bonilla Bohórquez, quienes están presuntamente vinculados a las disidencias de las Farc.

Estos individuos fueron presentados ante un juez de control de garantías y se les imputaron cargos por concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. Al no aceptar los cargos, se les impuso medida de aseguramiento en centros carcelarios.

La Fiscalía no descarta la participación de otros miembros del Ejército en estas actividades ilegales y ha anunciado la extensión de las investigaciones en varias guarniciones militares, especialmente en Bogotá.

Este caso es solo uno de varios relacionados con la venta ilegal de armamento por parte de miembros del Ejército a grupos armados. En marzo de 2023, otra operación desmanteló una red similar que involucraba a soldados y oficiales de la Tercera Brigada del Ejército, quienes vendían armas a las disidencias de las Farc en el suroccidente del país, captando hasta 1.790 millones de pesos.

Esta investigación comenzó tras la incautación de 5.000 municiones en Buenaventura, revelando graves irregularidades en el manejo de armamento y municiones en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N.º 3 Policarpa Salavarrieta, en Cali.

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El tráfico de armas no solo representa una amenaza directa a la seguridad nacional, sino que también perpetúa la violencia en regiones donde operan grupos insurgentes. Las acciones de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad son fundamentales para desarticular estas redes y asegurar que los responsables enfrenten la justicia.