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Este jueves ocurrieron tres grandes noticias en el país judicial y todas estuvieron relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Primero, EL COLOMBIANO reveló en primicia los informes de la Fiscalía sobre Sneyder Pinilla y Olmedo López en los que quedaron consignados los listados de eventos, números telefónicos y reuniones que tuvieron el exdirector y exsubdirector acusados de concierto para delinquir y otros delitos graves de corrupción con ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores y asesores del más alto nivel del Ejecutivo.
En esos informes Olmedo López le dijo a la Fiscalía que estuvo presente en una reunión con Carlos Ramón González el 27 de noviembre de 2023 a las 8 de la mañana en la que este le ordenó entregarle contratos a Iván Name, expresidente del Senado, por 60.000 millones de pesos; y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, por 10.000 millones. Luego, se acordó entregarles a ambos 4.000 millones en efectivo.
“Fue la persona que lo invitó a la reunión de ministros que denomina como ‘cónclave’, de donde nació la orden de que debían entregar contratos a congresistas, que este le había indicado que debía cumplirle al presidente del Senado y Cámara con unos contratos por montos de $60.000.0000.000 (sesenta mil millones de pesos) para Iván Name y $10.000.000.000 de pesos para Andrés Calle, pero después le indicó que se le debían entregar $3.000.000.000 de pesos a Name y $1.000.000.000 a Andrés Calle (sic)”, se lee en la transcripción.
Lo segundo, es que la Fiscalía concluyó en la imputación que dos altos funcionarios del Gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, coordinaron y ordenaron supuestos sobornos a congresistas a través de recursos y contratos de la Unidad que maneja un presupuesto superior al billón de pesos anual. Es la primera vez en esta historia en la que dicha información no proviene de los testigos ni de los medios que han investigado el caso desde marzo pasado, sino del propio ente acusador.
Y la tercera, es que en la línea de sucesos de presunta corrupción aparecieron nuevos nombres de alto y mediano nivel, todos con implicaciones graves para el Gobierno, mientras que el presidente de la República respondía desde París en la inauguración de los Juegos Olímpicos.
En el informe revelado por este periódico, Olmedo López relacionó el número telefónico de Camilo Romero, exgobernador de Nariño y actual embajador de Colombia en Argentina, como uno de los vinculados con el proceso de corrupción. Sobre Romero además existe un evento investigado por la Fiscalía de manera detallada. “Evento 32: 28 de diciembre de 2023: “comunicación con Luis Eduardo López durante la reunión con Camilo Romero” en siete folios”, dice el documento.
Esta frase señala que López y Romero habrían tenido una reunión presencial en la que hubo una comunicación con el tercer imputado, Luis Eduardo López, que se ganó en octubre el contrato por más de 46.800 millones para 40 carrotanques, y de quien la Fiscalía dijo que tenía toda una estructura de más de 30 empresas y contactos dentro de la Unidad para hacerse con los contratos millonarios.
Este periódico le preguntó directamente al embajador Romero en Argentina si reconocía esa reunión y cuál era su relación con Olmedo López y el contratista de su departamento. Se limitó a contestar que: “A Sneyder no lo conozco, nunca he tenido relación con él”.
Los testigos también le entregaron a la Fiscalía unos chats en los que Romero aparece enviándole a Olmedo López por lo menos tres hojas de vida. Uno de los curriculum que aparece en los pantallazos es el de Yesid Salamanca, quien terminó siendo contratado por la entidad. EL COLOMBIANO conoció que Salamanca continúa dentro de la UNGRD y ahora es uno de los asesores principales del director Carlos Carrillo, tal como aparece en el Sistema de Información Pública.
Otros nombres relevantes señalados en el escándalo son los del actual director de Función Pública, César Augusto Manrique, y el asesor del Ministerio del Interior, Fernando Henao. Según la versión de Pinilla, Manrique también habría tenido parte en la contratación de los carrotanques.
“Luis Carlos Barreto fue designado por el señor Olmedo López como el encargado de todos los temas de La Guajira, y cuota de César Augusto Manrique, jefe del Departamento de la Función Pública, acorde a lo reverenciado por Olmedo López. Inicialmente buscó a Sneyder Pinilla para preguntarle por los procesos de la Agencia Nacional de Tierras ANT, cosa que no es normal dentro de la UNGRD y, posteriormente Olmedo López le comenta a Sneyder Pinilla que el contrato de los 40 carrotanques sencillos es para Luis Carlos Barreto, proceso del cual, Luis Carlos Barreto siempre estuvo al tanto del trámite y adjudicación de la correspondiente orden de proveeduría; así como de mantener al tanto a Sneyder Pinilla de los trámites efectuados en el contrato de los 40 carrotanques sencillos”, se lee.
Luego, aparece el nombre de Henao, asesor del exministro Luis Fernando Velasco. Uno de los eventos que Olmedo relacionó y no ha quedado claro es el de la supuesta solicitud de un pago que pidió Velasco a López a la empresa Laythy B Safa el 29 de junio de 2023. Luego de realizar una búsqueda de este nombre, se encontró que está relacionado realmente con la empresa de servicios públicos mixta Montagas cuya sede es Pasto, también en Nariño. Según el documento, el asesor del ministro tuvo contacto directo con López.
Los detalles de la audiencia
La audiencia se realizó de manera híbrida y tuvo lugar en el Juzgado 35 de Control de Garantías en Bogotá, bajo la presidencia del juez Cidulfo Hernández en el complejo judicial de Paloquemao mientras otras de las partes participaban de forma virtual.
La investigación, que comenzó tras revelaciones periodísticas sobre irregularidades en los contratos de carrotanques, llevó a la fiscal delegada Andrea Muñoz a afirmar que López y Pinilla comprometieron contratos por más de $ 228.000 millones de pesos y pagaron sobornos a finales del año pasado, totalizando $ 5.342 millones de pesos provenientes del contrato para carrotanques en La Guajira. Este contrato, que tenía un valor inicial de 46.800 millones, resultó con un sobrecosto de $ 14.163 millones.
La fiscal Muñoz alegó que el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla jugó un papel crucial en la asignación de contratos de la UNGRD a congresistas de las comisiones terceras encargadas del presupuesto. También detalló que Pinilla coordinó con María Alejandra Benavides, asesora de su despacho, contratos para varios municipios en los que estaban involucrados senadores y representantes interesados, siguiendo instrucciones de Bonilla. Esos contratos son los de Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca; y El Carmen, en Bolívar. De esos proyectos existen varios chats en los que aparece el asesor de Presidencia Jaime Ramírez Cobo, quien es mano derecha de Laura Sarabia, presionando a Sneyder Pinilla para que se firmaran urgentemente porque, según él mismo, estaban en riesgo “los créditos de la nación”, un proyecto que el Ministerio estaba tratando de aprobar de manera paralela en la comisión interparlamentaria de crédito del Congreso.
Los tres proyectos eran por $ 92.000 millones en total. Pinilla, ante la presión de María Alejandra Benavides y Ramírez, contactó a los puentes en las tres alcaldías para gestionar los contratos pero días después le dijo a la asesora del Ministerio que estaban haciendo los arreglos porque iban muy mal estructurados. Se habla de que tuvo que decretarse una emergencia para que se gestionaran los recursos, que nunca se terminaron enviando porque estalló el escándalo de los carrotanques.
El presidente respondió desde Francia que esperaba que los implicados regresaran todos los recursos y el ministro Juan Fernando Cristo defendió a Bonilla. Este último dijo al final de la noche a Noticias Caracol que “no hubo ningún cónclave, sino una reunión oficial del Gobierno convocada en la agenda de todos los citados para discutir una emergencia climática”. Sin embargo, no explicó la presión de su asesora sobre los contratos y el mensaje de Ramírez relacionándolos con el proyecto de créditos en el Congreso. Carlos Ramón Gonzáles también publicó un comunicado señalando que “su inocencia es irrefutable”. La primera audiencia de imputación fue demoledora para el Gobierno y generó una nueva réplica del terremoto que significó la primera etapa del escándalo. Las pruebas hasta ahora comienzan a emerger y falta un largo camino hasta que se consoliden los principios de oportunidad.
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