Un recibo de pauta de Caracol Televisión pone contra las cuerdas a Petro en la investigación del CNE

El Consejo de Estado decidió este viernes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe estar al frente de la investigación por las cuentas no reportadas a la campaña del presidente Gustavo Petro. El caso estaba detenido luego de que dos magistrados, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, presentaron su ponencia pidiendo la formulación de cargos en contra de Ricardo Roa, el propio presidente Petro, y otros auditores y representantes de la campaña. Luego de conocido el fallo de la alta Corte, el tribunal administrativo citó para el lunes la continuación del debate de la sala plena en la que se decidirá si en efecto se abre investigación para formular cargos o no.

EL COLOMBIANO conoció detalles de la puja de poder dentro del tribunal para la votación, lo que anticipa una tremenda controversia jurídica que terminaría, es lo más probable, en un conjuez que deberá ser elegido a través de balotas. Aunque la investigación -de más de 300 páginas- hizo un recuento en detalle de los hechos más graves de la financiación que aparentemente no fue reportada, hay una prueba que parece incontrovertible y sobre la cual tendrán que debatir los magistrados: una factura de pauta televisiva que contrató la campaña y que no fue reportada a las cuentas de ninguna autoridad electoral.

Los otros hechos investigados están relacionados con los vuelos por más de 1.000 millones que no habrían sido expuestos de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), empresa en la que participó un narcopiloto que está colaborando con las agencias de Estados Unidos, por el hallazgo de más de 400 kilogramos de cocaína en una avioneta en Providencia en 2021. Así como los 500 millones de pesos de FECODE que, según documentos del sindicato de maestros, iban dirigidos a la campaña Petro presidente, pero, para la defensa de los educadores, finalmente se enviaron a la campaña del partido Colombia Humana. También se narran los hechos de una reunión de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, con Omar Hernández y otros representantes de la criptomoneda colombiana Daily Cop, en la que, según el primer testigo, se habría acordado el pago de un avión de SADI por parte de la compañía de bitcoin para los viajes del presidente. Existen varias fotografías de Petro junto a Armando Benedetti volando en un avión privado que tiene la placa de Daily Cop en la cabecera de los asientos, sin que hasta ahora se haya explicado ese vinculación.

Allí también se detallan los pagos a los testigos electorales, operación que estuvo a cargo del polémico político catalán Xavier Vendrell. Este último explicó en Blu Radio que no hubo pagos a todos los testigos electorales, y que a él sí le pagó una empresa tercera por esos servicios un total de 100 millones de pesos por 20 meses de trabajo.

El pago a Caracol Televisión

Fuentes dentro del CNE consultadas por este diario aseguraron que sobre todos los hechos anteriores puede haber un amplio debate jurídico, pero para el pago por publicidad electoral a Caracol Televisión de alrededor de 367 millones no. Esto se debe a que es claro que ese pago no fue reportado a las cuentas de la campaña, pero en el expediente sí se encuentra el documento con la factura de Caracol que efectivamente emitió los segundos del comercial de la campaña en su programación.

“Uno puede debatir jurídicamente todo, pero cómo se va a negar esa factura si ahí está. Es que la factura está ahí”, explicó una fuente que prefirió mantenerse en reserva.

El panorama en el CNE

El panorama en el CNE es el siguiente: aunque son varios hechos investigados, los magistrados con solo una cuenta no reportada que les parezca irregular deberían votar en contra del presidente, es decir, a favor de la formulación de cargos.

Como lo ha venido revelando este periódico, por ahora las cuentas están divididas y todo apunta a que tenga que ser llamado un conjuez.

Las magistradas Fabiola Márquez y Alba Velásquez estarían con el Gobierno, aunque a varios dentro del CNE les ha sorprendido que Velásquez muchas veces se limita a hacer un análisis objetivo y jurídico de los expedientes.

Se presume que Maritza Martínez, presidenta del CNE, estría a favor de la ponencia que busca formular cargos. Aunque allí también podría haber sorpresas por movimientos políticos recientes de cara a la actividad política del Gobierno en el Congreso. Lo mismo pasaría con César Lorduy, excongresista de Cambio Radical, que votaría, así sea por un solo hecho, a favor de la ponencia.

También se dan como un hecho los votos de los ponentes, Ortíz y Prada. Hasta allí la votación sería cuatro contra dos a favor de que se formule cargos. Vienen entonces los votos del magistrado Alfonso Campo, cercano a los conservadores, y que también tiene otra ponencia por la publicidad extemporánea que afecta al presidente. Con el voto de Campo habría cinco votos a favor de formular cargos y dos en contra. Para que se acoja la ponencia e inicie formalmente la investigación se necesitan seis votos a favor.

El que sigue es el magistrado Cristian Quiroz. Este es del Partido Verde y algunos dicen que del grupo de Carlos Ramón González, por lo que su voto, que debería ser a favor del presidente, no está totalmente cantado porque a González el mandatario le aceptó su renuncia como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, luego de las revelaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla en el escándalo de la UNGRD. Ambos testigos aseguraron que Gonzáles fue el que dio las órdenes para direccionar contratos multimillonarios a congresistas con el fin de aprobar reformas y las elecciones de octubre pasado.

Si Quiroz decidiera votar a favor de la ponencia, estarían los seis votos, pero por su papel en el Verde es más probable que vote en contra.

Finalmente, queda el magistrado Altus Baquero a quien el Consejo de Estado ratificó en su silla pero aún queda por resolverse una tutela en su contra. Baquero rompió con las directivas del Partido Liberal y estaría en contra de la ponencia. En ese escenario, si el magistrado Quiroz también vota con el bloque del presidente, los votos serían cinco contra cuatro y entonces el tribunal tendría que llamar a un conjuez por balotas para que este, de manera individual, destrabe la decisión. Un poder de elección enorme.

También en las cuentas está que todo el caso vence en junio de 2025, y la decisión que se debe votar en los próximos meses, luego de una revisión punto por punto de los hechos, solo abriría formalmente la investigación, compulsaría copias a la Comisión de Acusaciones para el desarrollo político de las consecuencias en el Congreso y entonces vendría toda la fase probatoria. “Si hay recusaciones, solicitudes, tutelas, etc, puede llegar el 2025 y no pasa nada”, aseguró otra fuente.

Lo cierto es que el caso en el CNE volverá a estar en el centro de los focos porque se trata de la posibilidad de que se le formulen cargos al presidente Petro y su cabeza de Ecopetrol, el cargo más importante del sector público en las empresas del Estado. Lo que pasé allí en los próximos días tendrá atento al poder político y a la Casa de Nariño.