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El panorama regulatorio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en Medellín cambió luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia anulara puntos clave del decreto expedido por el alcalde Federico Gutiérrez el 17 de enero de 2024. La sentencia, emitida el miércoles 4 de diciembre, dejó sin efecto varias disposiciones que restringían el uso de drogas, incluida la dosis personal, espacios públicos de la ciudad.
La administración municipal había impulsado la norma con el argumento de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. El decreto prohibía el consumo en parques, instituciones educativas y eventos con presencia de menores, además de establecer un perímetro de restricción de 100 metros alrededor de estos lugares. También contemplaba multas y la posibilidad de destruir la sustancia incautada a los consumidores. El tribunal determinó que estas medidas excedían las competencias de la autoridad local.
La sala anuló específicamente la expresión que prohibía la dosis personal, protegida por la Corte Constitucional, y los artículos que permitían imponer sanciones y destruir la sustancia.
Según el fallo, la regulación de la dosis personal corresponde al ordenamiento nacional y no puede ser modificada por decretos municipales.
La acción judicial fue promovida por el abogado Alberto Nader, quien celebró la decisión. En declaraciones recogidas por La Silla Vacía, señaló que la alcaldía aplicó restricciones generalizadas sin demostrar, mediante estudios técnicos, la necesidad de limitar derechos en cada parque o zona intervenida. Para Nader, se trató de una decisión adoptada sin la sustentación específica que exige la jurisprudencia constitucional.
La sentencia también se soporta en la eliminación previa, a nivel nacional, de las normas que permitían multar a quienes portaran la dosis personal, lo que refuerza que las autoridades locales no pueden reactivar sanciones ya derogadas.
El fallo podría tener efectos en otros municipios que han impulsado medidas similares, en un contexto en el que se discuten los alcances de la regulación constitucional de la dosis personal y el rol de los entes territoriales en el control del consumo en vía pública.
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