«Nunca hubo fraude», sentenció de forma contundente la superestrella de la música tras conocerse la resolución judicial que limpia su nombre en uno de los litigios más mediáticos de los últimos años.
Por medio de un comunicado oficial, la intérprete no ocultó su indignación ante el manejo mediático y administrativo que sufrió durante el proceso. La cantante denunció haber sido blanco de una estrategia de presión pública:
«Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes».
Asimismo, la artista de 49 años manifestó su deseo de que este dictamen sirva como un precedente de amparo para «miles de ciudadanos anónimos» que, según sus palabras, resultan indefensos y «aplastados por un sistema que presume su culpabilidad».
El núcleo de la controversia radicaba en el ejercicio fiscal de 2011, época en la que Shakira iniciaba su noviazgo con el exfutbolista Gerard Piqué. La Agencia Tributaria sostenía que la colombiana debía tributar en España, argumentando que permanecía en el país más del tiempo límite legal.
Sin embargo, la Audiencia Nacional de Madrid derribó la tesis del fisco al dictaminar que la Administración nunca pudo probar la estadía de la cantante por más de 183 días en territorio español durante ese año. El tribunal desestimó los argumentos de Hacienda aclarando que, para esa fecha, no existía un vínculo conyugal ni hijos en común que determinaran una residencia fiscal fija, concluyendo drásticamente que «da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011».
La resolución del tribunal financiero ordena la anulación completa de las sanciones e imposiciones previas, exigiendo la restitución inmediata de los valores cobrados de manera indebida.
El monto bruto que regresará a las arcas de la barranquillera asciende a 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), los cuales se dividen de la siguiente manera:
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Impuesto sobre la renta: Más de 24 millones de euros.
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Sanción por infracción «muy grave»: Cerca de 25 millones de euros.
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Impuesto sobre el patrimonio: 2,6 millones de euros.
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Multa patrimonial: 2,7 millones de euros.
A esta astronómica cifra se le añadirán los intereses legales de demora y las costas del proceso, lo que de acuerdo con el equipo de defensores legales de la artista, podría elevar el reembolso final por encima de los 70 millones de euros.
Con este veredicto de la Audiencia Nacional —el cual la Agencia Tributaria planea apelar ante el Tribunal Supremo—, Shakira cierra un complejo capítulo judicial en España, justo en medio del revuelo internacional por el anuncio de su participación musical en el Mundial de 2026.

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