
Nuevas y graves denuncias se caen sobre Andrés Hernández Ramírez, actual jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro. Este miércoles 5 de agosto, se conoció un expediente compuesto por documentos, testimonios y conversaciones que evidencian presuntas estafas, deudas millonarias y abusos de poder cometidos durante su desempeño como cónsul de Colombia en México y en su ascenso dentro de la Casa de Nariño.
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Pese a haber sido retirado del consulado luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anulara su nombramiento por incumplir los requisitos del cargo, el Gobierno lo reintegró como asesor y gestor, hasta convertirlo en el estratega mediático de las comunicaciones del Ejecutivo.
Sin embargo, las recientes denuncias en su contra, reveladas por el medio El País, trazaron un nuevo patrón sistemático de presuntas afectación económica a mujeres y ciudadanas vulnerables, sin importarle el resultado de las acciones. Algunas de las afectadas hasta trabajaron con él.
Carla Fernández Franco, auxiliar administrativa en el consulado en Ciudad de México, le ofreció su tarjeta de crédito personal al recién llegado cónsul para facilitarle su instalación, una práctica usual con los diplomáticos salientes.
Aunque Hernández le aseguró a El País que pagó puntualmente durante seis meses, posteriormente describió que inició una racha de incumplimientos, sumada a la solicitud de un préstamo personal para un viaje a Disney con el compromiso de pagar a su regreso.
La deuda acumulada asciende a 196.000 pesos mexicanos (42 millones de pesos colombianos), correspondientes a ahorros y salarios de Fernández. Ante el inminente retiro del funcionario, la afectada logró que firmara un pagaré con fecha del 11 de noviembre de 2024, en el cual se leía:
“Por medio del presente título de crédito, yo, Andrés Camilo Hernández Ramírez, en lo sucesivo referido como la parte deudora, hago constar que debo y pagaré de manera incondicional y sin excepción alguna la cantidad de $196,000.00 de pesos mexicanos o 42 millones de pesos colombianos”.
El documento fijaba como fecha límite el 31 de diciembre de 2024. No obstante, el pagaré desapareció de la caja fuerte del consulado y solo fue devuelto el último día de gestión de Hernández. A través de WhatsApp, el 8 de julio de 2025, el funcionario justificó su retraso.
“He estado reuniendo tu dinero, solo que me han tenido ocupado los dos procesos disciplinarios que me abrieron y estamos en alegatos. Una disculpa, espero solucionarte lo más pronto”, detalló. Hasta la fecha, según las declaraciones, el pago no se ha concretado.
Otra de las historias es de María Ricardina Sánchez, quien trabajó en la cocina y el aseo del consulado entre 2013 y 2024; vendía alimentos a precios módicos para sostener a su familia. A diferencia de los demás funcionarios, el excónsul nunca canceló sus consumos.
“El señor cónsul me quedó debiendo todos los desayunos y almuerzos desde que llegó a México hasta que se fue... Al principio, cuando le cobraba, me decía: ‘Tranquila, doña Marí, después le pago cuando saque el dinero del cajero’, pero nunca me pagó ni un almuerzo. Me quedó debiendo 34.800 pesos mexicanos”, explicó Sánchez a El País, lo que equivaldría a casi 8 millones de pesos colombianos.
Por su parte, una comerciante colombiana radicada en México, identificada como Camila* (nombre cambiado para evitar algún tipo de represalias), relató que a finales de 2024 Hernández le solicitó un pedido de velas para la celebración del Día de Velitas por un valor de 4.000 pesos mexicanos (alrededor de 800.000 pesos colombianos).
Tras la entrega, el funcionario se negó a pagar en efectivo y posteriormente dejó de responder las llamadas. “¿Qué le parece a usted que alguien me pida unos productos y no los pague? Eso en Colombia, en México, en cualquier país del mundo, es una deshonestidad, un robo”, dijo Camila al medio mencionado.
Sonia Cuesta, exfuncionaria con 26 años de servicio en la sede diplomática, confió en Hernández para la recepción de 24.564 dólares provenientes del cierre de su cuenta bancaria tras su jubilación en agosto de 2023. El acuerdo estipulaba que el dinero ingresaría temporalmente a la cuenta del diplomático mientras Cuesta abría una cuenta en Colombia.
A pesar de las promesas de devolución, Hernández aún le adeuda 20 millones de pesos. En una conversación de WhatsApp de enero de 2025, el jefe de comunicaciones expresó: “Hola, Sonia, estos días ya te dejo los 20 que faltan; perdón la demora”. No obstante, la afectada confirmó que acudió ante las autoridades colombianas para hacer valer sus derechos.
“No me ha pagado aún, ni me contesta los mensajes. El pasado 24 de febrero me citaron en la Fiscalía, declaré los hechos y presenté la evidencia. La denuncia por estafa va en proceso... Ojalá esto no le pase a nadie más. Esto que nos ha ocurrido a muchos es un patrón. El excónsul Hernández es un estafador”, expresó.
Y es que, tras ser consultado por El País, Andrés Hernández Ramírez declinó atender llamadas telefónicas y condicionó su respuesta a la intervención de sus apoderados legales, según informó el mismo medio de comunicación.
“Le contestaré sus preguntas una vez me reúna con mis abogados, la oficina del doctor Julio César Ortiz Gutiérrez, quien es mi vocero. Por el momento, por este chat que me contactó y al que me contactan sus colegas, solo responderé los temas relacionados con las comunicaciones de la presidencia de la República”, sostuvo.
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Hasta la publicación de las recientes denuncias y la investigación del medio El País, ni Hernández ni el bufete de abogados del doctor Julio César Ortiz Gutiérrez han emitido alguna respuesta formal frente a los cuestionamientos presentados.
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