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El exalcalde de Medellín Daniel Quintero logró ponerse esta semana otra vez en el centro de los reflectores públicos por cuenta de su salida en falso denunciando que un helicóptero supuestamente enviado por el alcalde Federico Gutiérrez estaba merodeando por casa en El Poblado para intimidarlo. Aunque sabiendo de sus estrategias para inflar “posverdades” en redes, se pudo tratar de una cortina de humo porque sabía lo que se le subía pierna arriba, como dice el dicho.
Pese a que hasta tuvo eco del presidente Gustavo Petro en sus señalamientos y desató una controversia en la que se presentó como un perseguido político, fue el mismo comandante de la Policía, el general William Salamanca, el que echó al suelo la fantasía y aclaró que se trataba de un patrullaje programado, que nada tenía que ver con el exalcalde.
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“De pronto creyó que era que ya lo iban a coger”, dijo en tono mordaz el alcalde Gutiérrez, saliéndole al paso al falso señalamiento de su antecesor. “Lo primero que hay que decir aquí es que el país no entiende y la ciudad no entiende cómo ese tipo todavía sigue libre después de que robó a Medellín; esa en la única realidad y, créanme, solo es un distractor por todos los procesos de corrupción encima”, añadió Gutiérrez, quien horas después radicó en la Fiscalía una demanda contra Quintero por injuria.
Más allá de la nueva escena que arrojó la insólita controversia sobre el teatro político del país y Medellín, el episodio protagonizado por el exalcalde abrió para muchos el interrogante sobre si su nerviosismo en efecto estaría asociado a una creciente preocupación por su situación judicial y la de sus antiguos subalternos, muchos de ellos instalados en las oficinas del gobierno Petro pese a arrastrar gruesas investigaciones.
Y es que además de los 19 procesos activos que carga Quintero en la Procuraduría con corte a septiembre, si se suman tanto las diligencias que avanzan en la rama judicial como las adelantados por el Ministerio Público, el exalcalde tiene a por lo menos otros 14 subalternos suyos afrontando líos disciplinarios, investigaciones o imputaciones formales por corrupción por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Tan solo esta semana, por ejemplo, mientras el escándalo de la caja menor o los fondos fijos derivó en una formulación de cargos en contra del exsecretario Privado Juan David Duque y la exfuncionaria Gloria Agudelo Tabares; por el lado de la rama judicial se conoció que la Fiscalía ya tiene en sus manos el escrito de acusación en contra de los exgerentes de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda por su presunta participación en un entramado corrupto para malversar recursos del Inder Medellín a favor de un contratista.
A propósito de estos últimos avances, este es un repaso por los casos más importantes que avanzan en contra del exalcalde de Medellín y el antiguo círculo que lo rodeó en La Alpujarra.
Por el lado judicial, son cuatro los grandes procesos que ya avanzan en juicio y que tienen a por lo menos seis altos exfuncionarios señalados de presunta corrupción: Buen Comienzo, el mantenimiento de los jardines, el Parque de las Aguas y el Inder.
De ese listado el primero en reventar fue el caso de Buen Comienzo, cuando en febrero de 2023, aún siendo Quintero alcalde, la Fiscalía General de la Nación imputó a la exsecretaria de Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz y la exdirectora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil Zapata, los delitos de peculado por apropiación, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
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En el caso, en el que también está vinculado el representante legal de la empresa Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, la Fiscalía ha señalado tener pruebas de que a través de por lo menos dos contratos que tenían el objeto de atender a niños y madres gestantes se habrían saqueado las arcas públicas del Distrito.
Dicha operación, según el ente, se habría llevado a cabo no solamente sacando del camino a otras empresas que se habían presentado para competir por dos contratos (identificados como el 4600085185 y el 4600085448), sino que se habría incurrido en sobrecostos y posteriormente alterando la trazabilidad de la ejecución del contrato para obstruir la labor de la justicia.
En este último punto, dentro de los señalamientos más gruesos hechos por la Fiscalía se destacan interceptaciones telefónicas en las que se escucharía a contratistas referirse a estrategias para eliminar videos de cámaras de seguridad y documentos contables para presuntamente dificultar las diligencias que se hacían sobre el contrato.
De igual forma, en noviembre pasado, el ente acusador dijo tener material suficiente para aseverar que los implicados en el caso se habrían embolsillado cerca de $1.400 millones, a través de maniobras como desconocer la relación técnica del talento humano contratado a la hora de efectuar sus pagos y facturando actividades que no se habrían realizado.
En este caso, tanto Agudelo Ruiz como Gil Zapata no se han allanado a los cargos.
En segundo lugar, aparece el caso del mantenimiento de los jardines y zonas verdes de Medellín, otro de los escándalos que estallaron en los días tempranos de la administración Quintero y que se derivó de una decisión tomada por la Alcaldía de quitarle al Jardín Botánico de Medellín –además de experta, organización que siempre se había encargado de esa labor– para entregársela a Metroparques.
Esta última entidad, que incluso cambió su objeto social para poder encargarse de las zonas verdes, subcontrató esos trabajos con otra empresa identificada como la reforestadora El Líbano, representada legalmente por Luz Eliana Henao y de acuerdo con testigos cercana a políticos del Suroeste antioqueño con tentáculos en Medellín.
En este caso, por el que la Fiscalía ya imputó desde el pasado 15 de enero al exgerente Jorge Enrique Liévano Ospina y la exsecretaria de Infraestructura Física, Natalia Urrego Arias, el ente sostiene que se habría urdido un plan para direccionar la contratación, enviando invitaciones privadas a un grupo de empresas de una misma familia.
En los dos casos restantes, la presencia de Metroparques en esas presuntas prácticas corruptas se vuelve un común denominador.
El tercer caso se trata del escándalo del Parque de las Aguas, en el que la Fiscalía aseguró también tener pruebas de que desde Metroparques se habría estructurado una operación para defraudar los recursos públicos con varios contratos firmados para el mantenimiento de ese lugar.
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Luego de concentrar contratos en tres empresas, identificadas como la Comercializadora Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro S.A.S., cuyos representantes legales fueron también imputados, la Fiscalía sostuvo que se habrían malversado unos $4.500 millones a través de sobrecostos en la compra de implementos, entre otros.
Además de Liévano, por este caso también fue imputada otra exgerente de Metroparques, María Eugenia Domínguez Castañeda y el exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana entre 2020 y 2022, Álvaro Alonso Villada.
La díada Liévano - Domínguez también resultó siendo protagonista del escrito de acusación que se conoció este mes por el caso del Inder Medellín, en el que serán imputados con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado.
En este último caso, la Fiscalía señala a Liévano de haberse apropiado de $1.999 millones y a Domínguez de haberse apropiado de $3.705 en provecho de la empresa Cyan Logística y Eventos S.A.S., usando presuntamente sus cargos para que se autorizaran precios artificialmente bajos.
En esta operación se habrían visto involucrados recursos provenientes del presupuesto participativo.
“Todas las personas imputadas actuaron sin justa causa, comprendiendo la ilicitud de su comportamiento, determinándose de acuerdo con esa compresión y siendo exigible que se comportaran de manera distinta”, se lee en el escrito de la Fiscalía.
En todos estos casos, pese a que casi todos los implicados no se han allanado a los cargos, una posibilidad que siempre ha estado latente es que alguno de los exfuncionarios que están contra las cuerdas eventualmente decidan colaborar con la Fiscalía y el caso escale en el organigrama del antiguo gobierno distrital.
Aunque los escándalos más gruesos son los que ya están siendo analizados en los estrados, en los anaqueles de la Procuraduría, órgano de carácter disciplinario, el rosario de implicados no es menos grueso.
Dejando por fuera al mismo Quintero, que ya fue inhabilitado por seis meses en primera instancia para ejercer cargos públicos por su participación en política con el video de “el cambio en primera”, varios de sus exfuncionarios de confianza también están enredados.
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Por el caso de los fondos fijos, también conocido como el de la caja menor, esta semana la Procuraduría estableció tener suficientes elementos para formular pliego de cargos en contra del exsecretario Privado Juan David Duque y la exfuncionaria de la Alcaldía, Gloria Agudelo Tabares, por presuntamente haber dado su bendición para que los fondos destinados a imprevistos en el despacho del alcalde Quintero se gastaran en cenas onerosas y todo tipo de gastos que nada tendrían que ver con eventos de gobierno o imprevistos.
En su decisión, la Procuraduría pidió que se compulsaran copias para investigar a la exsecretaria de Gobierno, Maria Camila Villamizar, también doliente de esos fondos, y al mismo Quintero.
Otro caso que ya llegó a la etapa de formulación de pliegos es el que tiene enredados al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, el exsubsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín, y el exsubsecretario de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alonso Agudelo por presuntamente coaccionar a funcionarios al interior de la Alcaldía para entregar de su salario recursos para financiar el proyecto político del exalcalde Quintero.
Esta denuncia, al que también le sigue la pista la Fiscalía, salió a la luz pública cuando la exdirectora de la Unidad de Familia de la Secretaría de Inclusión, Pilar Rodríguez, dijo haber sido citada a una reunión privada en un apartamento de El Poblado junto a otros funcionarios en la que se les habría pedido hicieran aportes a una fundación de dudosa proveniencia.
Luego de que los cargos fueran formulados contra esos tres exfuncionarios el pasado 28 de mayo de 2024, el proceso ahora avanza en su etapa de juicio.
El ojo de la Procuraduría también se ha posado en otras organizaciones del conglomerado público como el Parque Arví, que pese a tener en su momento participación del sector privado, marcha sobre todo al ritmo de la Alcaldía y la Secretaría de Medio Ambiente.
Allí, otro exfuncionario que fue removido de su cargo en el gobierno anterior fue el exdirector Juan Manuel Valdés Barcha, quien pese a estar inhabilitado para ejercer cargos públicos se posesionó contra viento y marea en el parque y volvió a ser sacado cuando la Procuraduría se dio cuenta de la situación.
La inhabilidad de Valdés volvió a quedar en firme tras un fallo de primera instancia proferido el 23 de julio de 2024 y ahora se encuentra en segunda etapa de juzgamiento.
La lista del funcionarios procesados también la integra Victor Manuel Quiroz, exfuncioanrio de la Secretaría de Comunicaciones y señalado de incurrir en irregularidades por prorrogar un polémico contrato para el desarrollo de estrategias de comunicaciones.
Por fuera de estos casos, en los anaqueles de la Procuraduría reposan 19 casos activos en contra de Quintero por episodios como las presuntas irregularidades en la declaratoria de insubsistencia del exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, presuntos hostigamientos al comité revocatorio, presuntas solicitudes de dinero a contratistas, entre otros.
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