Sancionan a Andrés Mayorquín, exasesor del Gobierno Duque que favoreció millonarios contratos de su esposa con el Estado

Pasados más de dos años del escándalo protagonizado por Andrés Mauricio Mayorquín, quien hasta enero de 2022 fue asesor de la exjefa de gabinete de la Presidencia, María Paula Correa, y cuya esposa tuvo 17 contratos con entidades del Estado que sumaban más de $1.200 millones, este jueves la Procuraduría finalmente adoptó determinaciones.

Según el ente de control, por cuenta de las irregularidades en los contratos que suscribió su pareja sentimental, Mayoquín fue suspendido durante seis meses. Sin embargo, dado que no se encuentra desempeñando funciones públicas, el término de la suspensión se convertirá en una sanción en salarios básicos mensuales devengados para el momento de la comisión de la falta.

De acuerdo con el Ministerio Público, Mayorquín incumplió su deber de informar a sus superiores que Karen Váquiro Cuéllar era su cónyuge, y por ello, estaba incursa en causal de inhabilidad para celebrar contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Todo esto, en tiempos del expresidente Iván Duque.

“El disciplinado permitió la celebración de dos contratos de prestación de servicios profesionales, uno por $ 54’800.000 y otro por $ 44’982.000, suscritos entre el DAPRE y Karen Liseth Váquiro Cuellar, su esposa, afectando su deber funcional con el desconocimiento del principio de moralidad, sin justificación alguna”, explicó la Procuraduría.

Para el organismo de control, el exfuncionario debió poner en conocimiento de sus jefes la inhabilidad existente por haber una relación conyugal entre él y la contratista; sin embargo, “mantuvo en silencio su relación matrimonial con Váquiro Cuéllar, quien hizo lo mismo frente a sus supervisores, lo cual permitió que los contratos viciados de nulidad por la inhabilidad en que estuvo inmersa se desarrollaran y se ejecutaran”.

Por todo esto, se concluyó que el entonces asesor favoreció con su comportamiento los intereses económicos de su cónyuge, “pues en vez de advertir la inhabilidad en la que ella estaba incursa prefirió guardar silencio para que esta pudiera contratar la prestación de sus servicios profesionales y percibir los honorarios del Dapre”.

En el fallo de primera instancia, la falta de Mayorquín Bocanegra fue calificada como grave con culpa grave, según la Procuraduría, “por desconocer el principio de la moralidad administrativa hacia la exigencia de un comportamiento honesto, ético, recto y leal, alejado y desprovisto de intereses de carácter subjetivo para asegurar el ejercicio y la garantía de la función pública”.

A pesar de su poca experiencia laboral, Karen Liseth Váquiro consiguió su primer contrato con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) por $88 millones en enero del 2020. Posterior a eso, logró contratos –de forma paralela– con entidades estatales como la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá, los ministerios de Cultura, Justicia y Deporte, la Presidencia del Senado, la Agencia de Desarrollo Rural, el Icetex y la Aeronáutica Civil.

Mayorquín trabajó hasta enero de 2022 como asesor de la exjefe de Gabinete de la Presidencia y mano derecha de Iván Duque, María Paula Correa. Cuando se hizo público el escándalo por los contratos de Váquiro, Correa emitió un comunicado a través de Twitter en el que afirmó “que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos” y “en ningún momento” Mayorquín le pidió “interceder ante ninguna entidad para contrato alguno”.

Por su parte, el expresidente Duque sostuvo en su momento que se trató de una situación “no solo bochornosa, sino, además de todo, dolorosa. Espero que todo el régimen de control interno pueda operar con serenidad”, dijo.