Revolcón al CNE: altas cortes y no el Congreso elegirían a magistrados

Al Congreso de la República acaba de aterrizar una iniciativa que desde ya promete levantar ampolla y sacudir el país político. Se trata de un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución–, para darle un revolcón al Consejo Nacional Electoral (CNE), nada menos que el organismo encargado de vigilar y regular la actividad electoral de partidos y movimientos políticos.

Se trata de una Corporación que, sin distingo del gobierno de turno, es objeto de múltiples señalamientos y cuestionamientos debido a la forma en la que son escogidos sus integrantes, quienes ostentan la dignidad de magistrados: son postulados por los partidos y elegidos por el Parlamento, lo que genera que cada una de sus decisiones sea puesta en tela de juicio debido a su origen y nexos.

Para corregir esa situación, asegurar independencia y dejar de lado el tufillo político que puede contaminar sus determinaciones, el senador Humberto de la Calle –secundado por una veintena de congresistas–, radicó un proyecto que no solo amplía de cuatro a seis años el mandato de los magistrados, sino que propone que la nominación se haga mediante un concurso de méritos y que sean la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado quienes escojan a los ungidos.

Además de ser abogado de profesión y contar con una experiencia de 15 años, la iniciativa trae consigo varios cerrojos, como que quien aspire a ser magistrado del CNE no haya ejercido cargos directivos en organizaciones políticas o haber sido candidato a elecciones en los siete años anteriores a la fecha de la inscripción.

Además, se estipula que, una vez concluya su periodo, el magistrado no podrá ocupar cargos en partidos ni aspirar a cargos de elección popular hasta dos años después de haber salido del CNE. Finalmente, se precisa que el proyecto comenzaría a regir a partir de 2026.

“Pedirles a unos consejeros que no tengan ninguna inclinación política no es viable. Pero al establecer cortapisas al ingreso y a la salida se mitiga y se trata de evitar esa puerta giratoria. La idea es que haya consejeros con una mayor distancia de los partidos y una profunda imparcialidad al tomar sus decisiones. Los consejeros están presos de la estructura que los llevó allá”, explicó en su momento el senador de la Calle.

De hecho, se trata de la segunda ocasión en la que el congresista radica el proyecto. El año pasado terminó naufragando en la Comisión Primera del Senado. En ese entonces, hubo quienes reclamaron que la iniciativa, al margen de sus fines, buscaba unificar una única autoridad electoral, “tal como ocurre en Venezuela y ya sabemos sus resultados”, dijo un congresista que accedió a hablar bajo la condición del anonimato.

“Pretendieron acabar con la Registraduría, con el CNE. Quieren una corte única. Ya sabemos cómo resulta esto: en Venezuela el poder se concentró en una única autoridad electoral. No le veo el morbo a que sea el Congreso el que elija los magistrados. Hacemos lo mismo con la Corte Constitucional y es una de las corporaciones más respetadas de este país”, agregó el parlamentario.

De acuerdo con de la Calle, lo cierto es que el sistema hoy “es realmente es impresentable”, al tiempo que advirtió que la falta de independencia es la madre de todos los vicios. “Le apostamos a una selección meritocrática por parte de las altas cortes, que proveerían los cargos de manera escalonada. Es un poco como ocurre con la junta directiva del Banco de la República: que se vayan reemplazando esos consejeros en momentos distintos, de tal manera que no haya cooptación”.

A su turno, el senador Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal), uno de los pocos opositores que se atreve a hablar con nombre propio, manifestó que ya existe el Consejo de Estado como órgano de cierre para dirimir conflictos con el CNE. “No le veo futuro a esa iniciativa. Ya la hundimos hace más de un año. No podemos permitir que se unifique todo. Se desequilibraría el poder de la democracia”, explicó.

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), si bien el proyecto es loable, la actual coyuntura política impide que proyectos con impacto electoral puedan tener alguna viabilidad. En esa línea, aseguró que es destacado que se contemplen periodos de seis años para los magistrados, siempre y cuando sean escalonados. “Que no todos entren y salgan al mismo tiempo. Se pierde el acumulado de aprendizaje”.

Celebró además que se contemple que el magistrado no haya sido candidato ni pertenezca a una organización política. “Eso ha terminado generando que sea una autoridad electoral que no tiene mucha confianza y sus decisiones son valoradas como políticas”. Por ello, instó a revertir de credibilidad la institucionalidad electoral. La mayor dificultad es un sistema donde pareciera que son los ratones cuidando el queso”.

Barrios calificó también como “confuso y exótico” que magistrados del CNE luego vayan a dirigir partidos o presentarse a elecciones, por lo que destacó que se contemplen cerrojos en ese sentido. “Es un pésimo ejemplo que una persona que haya estado en la autoridad electoral termine de presidente de una organización política o siendo inmediatamente candidato”.

Sin embargo, reclamó que iniciativas de este calibre no prosperan en la medida en que “es muy cómodo” que sean las mismas organizaciones políticas las que terminen enviando sus delegados a la entidad que tiene que ejercer la vigilancia y control, “no solamente de ellos como partidos, sino también de su financiación”.

La discusión ya arrancó y el debate no deja de ser pertinente con miras a las elecciones de 2026, de cara a ponerle al fin ‘tatequieto’ a los líos de financiación que siguen empantanando las candidaturas sin distingo. ¿Estarán dispuesto los congresistas y los políticos a dar el debate?

Campaña Petro, también investigada

En mayo pasado, tras meses de investigación y análisis, los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), radicaron ante la Sala Plena del CNE el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro y su entonces gerente de campaña Ricardo Roa. El documento advertía no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.

Dado el origen de los magistrados, hubo varios congresistas petristas que cuestionaron la decisión y los recusaron señalando que estarían supuestamente impedidos. A su turno, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le pidió al CNE que, por competencia, envíe a ese organismo los procesos que actualmente adelanta contra el mandatario y su campaña. Petro se ha defendido manifestando que “nunca había sido calumniado de manera tan despreciable”.