Retención de militares en Guaviare dividió apoyo al interior del Gobierno a la paz total

Por más de 80 horas estuvieron retenidos 66 militares en zona rural de San José del Guaviare. Los uniformados estaban rodeados por cientos de campesinos desde la mañana del 9 de agosto.

Esta situación derivó en un cruce de versiones entre funcionarios del Gobierno y puso en jaque, otra vez, la mesa de diálogos con los disidentes de las FARC.

La liberación de los soldados de la Fuerza de Tarea Omega fue transmitida en vivo por el Facebook de la Guardia Ambiental Campesina.

Desde una carpa improvisada la Guardia anunció su retiro de la zona y así pusieron fin a lo que ellos denominaron como un “cerco humanitario”.

Mientras que los soldados fueron acompañados a evacuar por una misión humanitaria conformada por la ONU, la MAPP OEA, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Defensoría del Pueblo.

Así ocurrió “el secuestro”

El recuento de la Fuerza Pública afirma que, en la mañana de ese viernes, las tropas patrullaban en el corregimiento de El Capricho porque habían recibido denuncias de que allí los disidentes estarían aplicando amenazas y extorsiones a la población civil.

De pronto, fueron rodeados por al menos 600 hombres que se identificaron como miembros de la Guardia Campesina. 98 soldados quedaron rodeados e incapaces de movilizarse. 38 de ellos fueron liberados en la mañana del sábado 10 de agosto.

El lugar donde ocurrió la retención es un fortín criminal de los disidentes del bloque Jorge Suárez Briceño, un grupo disidente que está bajo el mando de alias Calarcá y que, por ahora, busca una salida negociada al conflicto que sostiene con el Estado.

Las Fuerzas Militares y el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, no dudaron en relacionar “el secuestro” con una aparente acción ordenada por los disidentes de Calarcá.

El general Raúl Vargas, comandante Comando Conjunto N.3, sostenía comunicación radiotelefónica con sus tropas y estos le afirmaban que el cerco era tan “inmenso” que les era imposible cambiar de posición.

“La continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por 3 meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal (sic)”, advirtió el ministro Velásquez.

La información en poder de Inteligencia Militar indicó que alias Cancharino, un disidente de 23 años, sería el encargado de instrumentalizar a la población para cercar a la Fuerza Pública y, de ese modo, impedir sus labores.

Mientras el sector Defensa señalaba a los disidentes como responsables, desde la Mesa de Diálogos con el Estado Mayor —donde solo permanecen sentados los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes— indicaban que la acción de los campesinos nada tenía que ver con órdenes de los ilegales.

“Este grupo de campesinos está reclamando que la fuerza pública se retire, pero no podemos decir que sea una operación militar de un bloque disidente”, aseguró Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en la mesa con los disidentes.

Comunidades piden no ser señaladas

La comunidad campesina, por su parte, reivindicó su accionar y aseguró que en la zona son constantes los atropellos por parte de los distintos grupos armados legales e ilegales y que, por esa razón, habían decidido impedir la movilidad de la fuerza oficial.

“Nos señalaron de pertenecer al Bloque Jorge Briceño de las disidencias de las Farc. Esa estigmatización generó una tensión en el espacio y supone un riesgo para los campesinos que estamos aquí. Lo rechazamos, pero también analizamos que, para evitar cualquier tipo de confrontación, lo más objetivo era retirarnos y manifestar nuestra inconformidad en otros escenarios”, le dijo a EL COLOMBIANO Gabriel Gutiérrez, vocero político de la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas).

Los campesinos le insistieron a esta redacción que nada tienen que ver con los grupos armados ilegales y adelantaron que en los próximos días se movilizarán hacia el casco urbano de San José del Guaviaro para dar inicio a un paro campesino.

“No queremos más guerra. Esta fue una forma de protegernos, pero también de protegerlos a ellos frente a alguna situación que pueda terminar en combate. Somos hombres y mujeres de paz que siempre agotarán la vía del diálogo”, añadió Gutiérrez.

La Guardia Campesina solicitó que se fortalezca el mecanismo de monitoreo al cese al fuego bilateral con el bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias del Estado Mayor, que sea incluidos en la mesa de diálogos y que el Gobierno Nacional envíe inversión para la implementación de proyectos productivos en la zona.

“Muchos dirán que esta comunidad es guerrillera, pero ese no puede ser el señalamiento desde un escritorio. (...) El Gobierno Nacional debe hacer presencia –no solo con Fuerza Pública– porque hoy requerimos que nos acompañen en la construcción de vías, en proyectos productivos. Así el país no lo sepa, nuestra región ha cambiado y ahora nuestra riqueza es la ambiental, el turismo y la ganadería”, señaló Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare al momento de la liberación de los soldados.

Pese a las declaraciones enviadas desde la región, en el Gobierno Nacional continuó el corto circuito por la aparente participación de las disidencias en el deonominado cerco humanitario a los militares.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, se sumó a las delcaraciones del MinDefensa y afirmó que la retención de los soldados fue una clara violación al cese al fuego bilateral.

“Hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficia a los habitantes de la región”, afirmó el ministro Cristo.

En el tintero está el desgaste que genera negociar con un grupo armado ilegal que ha puesto en aprietos, en más de una ocasión, la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

Desde marzo pasado el Gobierno Nacional tiene focalizada su ofensiva militar contra los disidentes comandados por Iván Mordisco y que operan, principalmente, en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño.

La estrategia del Gobierno parece ser la de evitar que prolifere la confrontación en otras regiones del país y se ha mantenido en la mesa con la facción disidente dominda por Calarcá: que opera en las zonas de Putumayo, Catatumbo, Caquetá, Magdalena Medio, Bolívar y el Norte de Antioquia.

Pero contra esos ilegales pesan reiteradas denuncias de incumplimientos al cese al fuego bilateral.

El 22 de junio, por ejemplo, los hombres del bloque Jorge Briceño entregaron un panfleto en el que acusaban a los excombatientes del ETCR de Miravalle (Caquetá) de tener nexos con los ilegales de la Segunda Marquetalia. La amenaza derivó en la decisión de los firmantes de paz de abandonar el territorio en el que vivieron desde que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016.

Los militares que fueron retenidos en San José del Guaviare, por ahora, se mantendrán en la zona y afirmaron que estarán las 24 horas del día para combatir cualquier “acción delictiva en la región”.

El Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado que tiene en vilo a cinco municipios del Chocó. Los cálculos de Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de ese departamento, es que son 50.000 las personas que estarían confinadas por temor a quedar en medio de alguna acción bélica.

El paro armado fue decretado de manera indefinida por el grupo guerrillero desde este 11 de agosto y tiene en vilo a los pobladores que habitan en inmediaciones de los ríos San Juan, Sipí y Cajón.

Los subversivos manifestaron que la acción criminal obedece a la confrontación armada que sostienen con el Clan del Golfo en la región.

“Hoy la movilidad en el río, principal arteria de las comunidades rurales, no existe. Hay altísima zozobra y miedo”, afirmó la gobernadora Córdoba y añadió: “las comunidades están completamente confinadas”.

La mandataria afirmó, además, que los grupos armados empezaron a instalar minas antipersonales en el territorio.

En la tarde de ayer se realizó un consejo de seguridad y se ratificó el despliegue de 5.000 oficiales en puntos estratégicos del departamento.

En la zona afectada habrá un refuerzo de cien soldados del Ejército y de la Armada “para reforzar las labores de seguridad y presencia institucional”.

El cese al fuego con el ELN se encuentra vencido desde la media noche del pasado 3 de agosto. De momento no hay asomo de una prórroga.