Procuraduría abre investigación contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por el denominado ‘Pacto de Valledupar’

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, para esclarecer su presunta participación o conocimiento de un plan que habría buscado involucrar a dirigentes políticos con grupos paramilitares durante la campaña presidencial de 2025. El caso es conocido como el ‘Pacto de Valledupar’ y la decisión fue conocida este martes 20 de octubre de 2026.

La actuación del Ministerio Público está relacionada con una mesa de diálogo social realizada en Valledupar en octubre de 2025, en el marco de las iniciativas del Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro para avanzar en el cierre del proceso de paz con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conocido como el proceso de Ralito.

Según los señalamientos que dieron origen a la investigación, en esos encuentros se habría planteado que antiguos jefes paramilitares hicieran declaraciones que vincularan con esas organizaciones al hoy presidente Abelardo De La Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en medio del escenario político y electoral.

El caso tomó relevancia pública luego de que Angie Rodríguez, quien para la época de los hechos dirigía el Dapre, expusiera su versión sobre las reuniones. De acuerdo con sus declaraciones, el encuentro habría sido presentado como una iniciativa para avanzar en el cierre del proceso de Ralito, pero presuntamente habría tenido otros propósitos relacionados con la contienda electoral. En sus señalamientos, Rodríguez atribuyó la iniciativa al entonces presidente Gustavo Petro y a Armando Benedetti, quien se desempeñaba como ministro del Interior.

Las versiones también fueron objeto de pronunciamientos por parte del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se refirió públicamente a las afirmaciones sobre las reuniones y sostuvo que el compromiso con las víctimas y con el proceso de Ralito no debía subordinarse a intereses políticos. Estas declaraciones forman parte de los elementos que deberán ser contrastados dentro de las actuaciones correspondientes.

Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca establecer qué ocurrió durante los encuentros, qué papel habrían desempeñado los entonces funcionarios y si existieron actuaciones que pudieran constituir faltas disciplinarias. Para ello, el organismo de control deberá recopilar y verificar documentos, testimonios y otros elementos relacionados con la mesa de diálogo social.

El proceso se encuentra en una etapa de investigación y no constituye una declaración de responsabilidad contra Benedetti ni Rodríguez. La finalidad de esta actuación es esclarecer los hechos y determinar si existen fundamentos para adoptar nuevas decisiones dentro del ámbito disciplinario.

Hasta el momento, los señalamientos continúan sujetos a verificación por parte de las autoridades competentes. El desarrollo del expediente permitirá establecer si hubo irregularidades en el manejo de los diálogos con los antiguos jefes paramilitares y si las actuaciones de los funcionarios se ajustaron a sus deberes legales y administrativos.