Dieciséis exjefes paramilitares, nombrados en 2024 como Gestores de Paz por el Gobierno de Gustavo Petro para impulsar el cierre del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, renunciaron a su designación. La decisión, anunciada mediante una carta dirigida al presidente, obedece —según explican— al “reiterado incumplimiento de los compromisos” por parte de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).
En la misiva, los exjefes expresaron su inconformidad:
“La realidad demostró que estas designaciones en la práctica se convirtieron en un gesto meramente simbólico, puesto que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, OCCP, jamás tuvo la intención ni compromiso real para materializarlas, los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia, y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política por parte de dicha oficina han minado la confianza, haciendo imposible continuar ejerciendo nuestras Gestorías de forma eficiente y digna”.
Los exparamilitares detallaron episodios que, a su juicio, evidencian el incumplimiento de la OCCP y muestran que su designación fue solo simbólica. Según narraron, en una reunión con la OCCP se discutieron y acordaron temas cruciales, entre ellos la instalación de la mesa para el cierre de Ralito, el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y la necesidad de dar cierre a la Ley 975 de Justicia y Paz.
#ATENCIÓN | 16 exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso, ‘Don Berna’ y ‘Jorge 40’, enviaron una carta al presidente Petro renunciando a ser gestores de paz. Aseguran que la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz «minimiza las causas estructurales de la… pic.twitter.com/YjQEFhr0MM
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 5, 2025
No obstante, sostienen que, a pesar de los compromisos asumidos por el Consejero de Paz, Otty Patiño, y Álvaro Jiménez —quienes habían fijado como plazo máximo para instalar la mesa el 20 de mayo de 2024—, esta fue postergada y posteriormente reprogramada para el 4 de junio de 2024.
En su carta, los exjefes criticaron el giro unilateral de la OCCP, que, según denuncian, cambió el enfoque de la gestoría y negó la instalación de la mesa de cierre de Ralito, a pesar de haber sido anunciada públicamente por el presidente.
Sostienen que su compromiso con las tareas asignadas fue completo: “Durante ocho meses cumplimos cada instrucción escrita y verbal emanada de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz”.
A pesar de ello, afirman:
“Nada se movió, la OCCP no convocó a una sola mesa técnica ni asignó presupuesto. Solo un mes antes de que expirara nuestra gestoría su equipo apareció a pedir ‘planes de trabajo’ incompatibles con los tiempos o fechas límites fijadas en las propias resoluciones, reflejo de la improvisación y falta de compromiso de la oficina”.
Los exjefes también relataron que pidieron una reunión plenaria urgente entre todos los gestores, la cual, tras varios intentos, fue finalmente programada, pero cancelada de manera inexplicable apenas 48 horas antes de su realización.
“Apenas 48 horas después, y sin alegar motivo técnico, jurídico o de seguridad, esta cita crucial fue inexplicable y unilateralmente cancelada por instrucción expresa de Otty Patiño, Álvaro Jiménez, María Paz Lara y Rodrigo Rojas. Estas acciones, además de frustrantes, sugieren una intención de deslegitimar el proceso de Santa Fe de Ralito”.
En su carta, los 16 exjefes paramilitares solicitaron una cita directa con el presidente Petro para explorar cómo pueden contribuir a la paz del país, sin la mediación de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.