Por detrimento patrimonial del Area Metropolitana, imputados Miguel Quintero, Alvaro Villada y otras dos personas

El direccionamiento de seis contratos por más de 17.657 millones de pesos, suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia), habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, de acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación.

Los acuerdos, celebrados entre 2019 y 2023, tenían como propósito fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En el curso de la investigación se conoció que la contratación se realizó de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales. Además, puso al descubierto posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados.

Entre los imputados por estos hechos se encuentra Miguel Andrés Quintero Calle, quien, sin ser servidor público, habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, con el propósito de ejercer control sobre la contratación.

Quintero Calle, habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar los seis contratos en beneficio del gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados.

Por estos hechos, Miguel Andrés Quintero Calle fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

De otra parte, Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo, abogada contratista de la AMVA que realizó los estudios previos de los contratos comprometidos, y Sebastián de Dios Ortega Urán, presunto responsable de recibir dinero en efectivo para posteriormente entregárselo a Quintero Calle, fueron imputados, de acuerdo con su eventual participación individual, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados.

Esta información se publica por razones de interés general.