Policías judicializados en Cali por exigir dinero a cambio de información reservada

Dos policías judicializados en Cali (Valle del Cauca) fueron señalados de exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un proceso de captura con fines de extradición que, supuestamente, se adelantaba en su contra.

Se trata de un subintendente y un patrullero de la institución, imputados por el delito de concusión, según informó la Fiscalía General de la Nación. Los hechos por los que los dos uniformados responden ante la justicia ocurrieron entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 en la capital vallecaucana.

De acuerdo con el ente acusador, los dos integrantes de la Policía Nacional se habrían aprovechado de su condición de servidores públicos para acercarse a la víctima con un engaño y, días después, condicionar la entrega de detalles de los procesos judiciales al pago de una suma de dinero.

¿Cómo actuaban los uniformados, según la investigación?

La investigación estableció que los procesados habrían ingresado a un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali con el pretexto de verificar un caso de maltrato infantil. Sin embargo, el verdadero propósito de esa visita era identificar al ciudadano que después se convertiría en víctima de la exigencia económica.

Nueve días después de ese primer acercamiento, los uniformados presuntamente regresaron al lugar para exigirle dinero al ciudadano. A cambio, le ofrecieron entregarle detalles sobre la investigación por narcotráfico y el supuesto proceso de captura con fines de extradición que, según ellos, se adelantaba en su contra.

La Fiscalía señaló que la información que los policías presuntamente ofrecían revelar era de carácter reservado, es decir, que solo podía ser conocida por las autoridades que adelantaban las actuaciones judiciales, por lo que su divulgación ponía en riesgo los procesos.

Imputados por el delito de concusión

Por estos hechos, un fiscal imputó a los dos uniformados el delito de concusión, que se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo o de sus funciones, obliga o induce a una persona a dar o prometer dinero o cualquier otro provecho indebido.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, la concusión se castiga con prisión de 96 a 180 meses, multa de 66,66 a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 140 meses.

Tras la judicialización, el caso quedó en manos de un juez de control de garantías, que deberá definir la situación jurídica de los dos procesados mientras avanza la investigación. Hasta el momento no se conoce si los uniformados aceptaron los cargos imputados por el ente acusador.

No es el único caso reciente por concusión

El caso de los dos uniformados judicializados en Cali se suma a otros procesos recientes adelantados por la Fiscalía por el delito de concusión. Semanas atrás, el ente acusador apeló la decisión de un juez que había otorgado una medida no privativa de la libertad a otros policías señalados de este mismo delito.

En el ámbito nacional, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también investiga al exsenador y exembajador Armando Benedetti por la presunta comisión de concusión cuando era integrante del Congreso de la República.

La concusión es uno de los delitos contra la administración pública que más investigaciones genera contra servidores del Estado, pues implica el aprovechamiento del cargo para obtener beneficios económicos indebidos de los ciudadanos.

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Foto: Fiscalía General de la Nación