Petro celebra incautaciones pero la política de drogas no avanza

Una de las palabras que más se repite en el perfil de la red social X del presidente Gustavo Petro es incautación. Se cuentan por decenas las publicaciones del mandatario en las que saca pecho porque las Fuerzas Armadas incautan cargamentos de droga en medio del mar, en las fronteras, en una carretera y hasta interceptando a una aeronave.

“Hemos incautado, como ninguna otra fuerza del mundo, cargamentos repletos de toneladas y toneladas de los instrumentos de la economía ilícita. Aquí se ha batido un récord, no solamente nacional; en los años que han pasado este es el de mayor incautación, sino que es un récord mundial”, dijo el jefe de Estado hace algunas semanas en medio de una ceremonia de ascensos.

Sin embargo, lo que es motivo de orgullo para el presidente Petro no necesariamente está relacionado con una buena gestión en materia de política de drogas. EL COLOMBIANO habló con expertos, revisó cifras y documentos y el balance es negativo, lejos de lo que el mandatario difunde en sus redes sociales y discursos.

Colombia lidera el ranking de mayores incautaciones de cocaína en América Latina, según el portal InSight Crime, pero sigue siendo el mayor productor de esta sustancia a nivel mundial. Por eso, concentrarse en la interdicción –entendido como la acción de detener los grandes cargamentos que salen por mar, tierra o por aire– es omitir el resto de instrumentos y mediciones para entender la complejidad de un fenómeno como el narcotráfico.

Así lo explica a este diario el profesor Pablo Zuleta, coordinador temático de psicoactivos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes: “No hay razón para sacar pecho (...) En la medida en que se identifique pérdida de la gobernanza en esos territorios, los decomisos reflejan a la vez aumento en la producción. Se ha insistido desde hace más de ocho años que existe una sobreproducción y por lo tanto dificultades para encontrar mercado a las drogas ilícitas. Esto conlleva a mayor necesidad de almacenamiento y a mayor probabilidad de detectar la carga de la droga”.

El profesor Zuleta explica que bajo este Gobierno la política de paz ha tenido incidencia y que el aumento de las incautaciones es apenas la consecuencia de una serie de problemas: “Esto debe entenderse dentro del contexto que ha dado la política de la ‘paz total’ en donde el resultado ha sido un retroceso en la gobernanza y seguridad en estos territorios. Al parecer existe una mejor comunicación entre agentes del Estado y los grupos de narcotraficantes que permitiría acordar decomisos con objetivos políticos asociados a sostener la política gubernamental de paz”, asegura Zuleta, quien desde la academia ha publicado varios artículos al respecto.

Cultivos vs. incautaciones

Lo anterior se demuestra con dos cifras clave: erradicación forzada de hectáreas de cultivos de uso ilícito y las toneladas incautadas de droga –que son, sobre todo, cocaína, pasta base de cocaína y marihuana–. El Gobierno prefiere solo hablar de lo segundo porque en lo primero se raja.

Según cifras de la Policía Antinarcóticos, para principios del pasado mes de julio solo se habían erradicado 2.278 hectáreas sembradas con hoja de coca con fines narcóticos, es decir 23 % de la meta del Gobierno que es 10.000 para 2024, cifra que también fue cuestionada porque bajó el umbral respecto a años anteriores, en los que la meta era de 50.000 hectáreas anuales.

Al mismo tiempo, el número de hectáreas viene en aumento –desde el Gobierno Duque– y para este año algunos pronósticos señalan que podría romperse el récord histórico. Con el agravante, además, de que el Departamento de Estado de EE.UU. el año pasado dejó de medir por satélite el número de hectáreas y ahora la única medición es la que hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (230.000 hectáreas, según la medición en 2022).

Y si por el lado de la erradicación forzosa los resultados son negativos, en la erradicación voluntaria tampoco hay norte: el presidente Petro duplicó el presupuesto del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) a $768.000 millones de pesos con 99.000 familias inscritas, pero en 2023 solo ejecutaron el 5 % del presupuesto y le echaron la culpa al Gobierno anterior.

Este hecho le costó la renuncia al director de ese programa, Felipe Tascón, cercano al mandatario, quien fue reemplazado por Gloria Miranda, quien venía del MinJusticia. Sobre Miranda hay expectativa pues recién nombrada varios expertos le dijeron a EL COLOMBIANO que la política de drogas desde esa cartera tampoco ha dado resultados: “Existe un corto circuito entre distintas entidades”, señalaron.

En lo que sí se ha destacado este Gobierno es en el discurso. Por ejemplo, la embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, ha cambiado la narrativa en contra de la hoja de coca. Pero del discurso al hecho hay muchas hectáreas de distancia.