Más de 695.000 personas fueron afectadas por violencia y desastres naturales en Colombia durante los primeros dos meses de 2025, según un informe publicado este martes por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). El informe destaca un alarmante aumento del 462% en los desplazamientos masivos en comparación con el mismo período del año anterior.
En total, 55.200 personas fueron desplazadas por eventos masivos, mientras que 80.200 lo hicieron de manera individual. Además, 27.900 personas permanecen confinadas debido a la violencia, y 140.700 más han sido afectadas por desastres naturales. La OCHA advierte sobre la necesidad urgente de medidas de atención y protección, así como estrategias de preparación y mitigación frente a posibles emergencias.
La región más afectada por esta crisis humanitaria es el Catatumbo, en Norte de Santander. Allí, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc han desplazado a 51.888 personas y generado el confinamiento de 8.668 ciudadanos, mientras que 20.297 habitantes enfrentan restricciones de movilidad. La situación ha sido descrita por la OCHA como la mayor crisis humanitaria en la región en al menos tres décadas, con más de 80 civiles asesinados, incluidos líderes sociales y excombatientes de las Farc.
En otros departamentos como Chocó, Cauca, Antioquia, Bolívar, Arauca y Córdoba, la violencia también ha provocado desplazamientos y confinamientos. En Chocó, el 33% de los municipios han sido afectados, especialmente por la presencia del ELN y el Clan del Golfo. En Cauca, los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y las Fuerzas Armadas han desplazado a 3.600 personas.
Human Rights Watch (HRW) también ha documentado el desplazamiento forzado masivo en el Catatumbo. Según la organización, más de 56.500 personas han sido desplazadas debido a los enfrentamientos entre el ELN y otros grupos armados. La mayoría de las familias desplazadas huían por temor al reclutamiento forzado de sus hijos por parte de los grupos armados. Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW, calificó este desplazamiento como uno de los más grandes de las últimas décadas en Colombia, señalando la falta de respuesta contundente del Estado para proteger a la ciudadanía.