Narcopiloto de la empresa de vuelos en campaña fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico

El narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo Osorio aceptó cargos en Estados Unidos, pero fue finalmente condenado en Tampa a unos 11 años de prisión por delitos de narcotráfico. Restrepo fue dueño de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), como lo demuestran los registros mercantiles de esta compañía.

El piloto estuvo relacionado con el hallazgo de 446 kilogramos de cocaína en Providencia en 2021 en una de las incautaciones más grandes e imprevistas en los últimos años. La avioneta estaba lista para despegar desde un aeropuerto privado, pero un policía pidió inspeccionarla y encontró allí los paquetes organizados de la droga que tenía el destino de otra isla pequeña en Centro América para luego hacer el viaje final hacia Estados Unidos. Hubo todo tipo de intentos para influenciar a un capitán de la Policía de rango superior que buscaba interrumpir la inspección y dejar partir a la aeronave sin la requisa.

Sin embargo, el policía cumplió con su trabajo y realizó la inspección encontrando los paquetes. La investigación de las agencias colombianas y las autoridades americanas halló que la aeronave había estado en Guaymaral a las 6:10 de la mañana y un camión rojo se acercó hasta donde se encontraba en donde dos personas agregaron las 28 cajas que contenían la cocaína. La excusa del piloto capturado y el ayudante fue que eran cajas con ayudas médicas por la pandemia pero en realidad era cocaína proveída por un narcotraficante.

“En febrero de 2021 Restrepo Osorio obtuvo la cocaína de un proveedor y contrató un organizador de transporte para llevar las drogas hasta Honduras. Restrepo Osorio reclutó al mecánico y el piloto, rentó el avión y organizó el envío de la droga con los fondos del proveedor de cocaína”, dice el documento del indictment.

El avión, además, estaba registrado en Florida, Estados Unidos. Aunque el caso no tiene nada que ver con los vuelos de la campaña, Restrepo Osorio sí fue uno de los dueños de SADI. De hecho, así lo aceptaron sus abogados en un comunicado que publicaron en 2023 sin identificarse. “Desde el mes de enero de 2019, el señor CARLOS EDUARDO RESTREPO OSORIO NO (sic) se encuentra vinculado con la Sociedad Aérea de Ibagué -SADI-, ni como socio, ni como accionista, ni como representante legal o gerente de esa compañía”, decía el comunicado.

Pero los hallazgos de las investigaciones de la Corte Suprema indican otra cosa. EL COLOMBIANO reveló que Restrepo fue agregado a un chat de campaña en donde estaban Armando Benedetti, Laura Sarabia y Maya Gutiérrez, otra contratista de SADI, encargada de la logística de los vuelos. En ese grupo estuvo como miembro Restrepo Osorio con su número de celular. Y hay otros chats que prueban la relación de Restrepo con políticos para el transporte aéreo a través de SADI.

Los vuelos de SADI son uno de los capítulos más grandes de la investigación del Consejo Nacional Electoral que ya formuló cargos contra Gustavo Petro como candidato y Ricardo Roa como gerente de la campaña presidencial. La conclusión del capítulo sobre esos vuelos es que hubo una presunta manipulación de las facturas electrónicas para no violar los topes de gastos.

”Es de señalar que contablemente la generación de facturas electrónicas obedece a hechos causados (...) La empresa SADI genera la factura SA 4862 el 28 de mayo de 2022, es decir un día antes de las elecciones de primera vuelta por valor de $ 4.014.804.576, para posteriormente ser anulada y generar una nueva factura SA 4876 del 29 de mayo de 2022 por valor de $ 2.270.000.037, la que a su vez también es anulada para generar la factura SA 4877 del 30 de mayo de 2022 por valor de $ 2.770.000.017, por lo tanto se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura SA 4862. Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite tope de gastos establecidos por la Corporación”, se lee en el texto de la solicitud de formulación.

Hasta ahora el presidente Petro ha desacreditado a los magistrados que abrieron la investigación señalándolos con acusaciones personales y aseverando que se trata de un golpe de Estado en su contra, aunque numerosos juristas, incluso cercanos al Gobierno como Rodrigo Uprimny, insisten en señalar que no se trata de un golpe.

La defensa de Petro dejó claro que no contestará los alegatos a los que tiene derecho en los 15 días luego de conocida la formulación. Por ahora se desconoce en qué prisión el narcopiloto pagará su condena y si delató a alguien más en Colombia. Aún falta por conocerse quién le entregó los 446 kilogramos de cocaína.