Murió sin nacer: el impuesto de seguridad de Rendón naufragó entre críticas

Un controvertido proyecto de ordenanza con el que la Gobernación de Antioquia estaba a punto de dejar en firme un nuevo impuesto para financiar sus programas de seguridad, y que venía tramitándose discretamente en la Asamblea de Antioquia, fue sepultado ayer en medio de una fuerte controversia.

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En cuestión de horas, poco después de que apartes de la iniciativa se filtraran a la opinión pública y se desatara una oleada de críticas de diputados y hasta de organizaciones gremiales, el gobernador Andrés Julián Rendón decidió echar para atrás la idea, con la que se preparaba el terreno para un cobro vía factura de servicios públicos en todo el departamento.

Pese a que Rendón no había tenido hasta ahora mayores sobresaltos en la Asamblea, la estocada final para la idea vino precisamente por cuenta de la bancada del movimiento del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, Creemos, que durante el inicio de la nueva administración se mostró dentro de las filas de Rendón.

El diputado de aquella colectividad Juan Felipe Vélez redactó una ponencia negativa en contra del impuesto, asegurando que pese a estar de acuerdo con el espíritu de la idea, creía que la misma no había sido ampliamente debatida y que golpearía la ya resentida economía regional.

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“Ante ponencia negativa se retira el proyecto de ordenanza que buscaba darle más recursos a la seguridad y proteger a los antioqueños. Después de esa ponencia, es difícil salvarlo jurídicamente. Persisto en mi convicción de la seguridad como un bien de la República. Ahí me mantendré”, expresó Rendón.

El gobernador reprochó que sin esos recursos que se buscaban recaudar el camino para financiar la compra de 10.000 cámaras de seguridad, construir nuevas cárceles y hasta atender emergencias ocasionadas por el cambio climático estaría cuesta arriba.

Sin embargo, desde la Asamblea de Antioquia, otros diputados celebraron el reversazo al considerar que el proyecto tenía vicios y solo terminaría impactando el bolsillo de los ciudadanos.

La caída del proyecto

Aunque el tema solo se conoció hasta ayer, la discusión por el controvertido impuesto se remonta al 28 de junio de este año, cuando en la Asamblea fue radicado el Proyecto de Ordenanza 27.

En un documento inicial de tres páginas, la administración departamental buscaba adoptar una tasa especial de seguridad y convivencia, que sería cobrada a los estratos 4, 5 y 6 vía servicios públicos.

Además de los hogares, también se buscaba que usuarios comerciales e industriales aportaran a la misma, a través de una fórmula que se aplicaría al servicio de energía.

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“La razón de ser para la creación de la tasa especial de seguridad y convivencia (...) es obtener recursos que ayuden a construir y mantener las condiciones necesarias para la seguridad de los habitantes”, se lee en la exposición de motivos firmada por el gobernador Rendón, en la que se alertaba que Antioquia ya tiene más de 300 organizaciones criminales y un incremento en la tasa de homicidios en subregiones como el Occidente y el Suroeste.

Sin embargo, apenas cuando el debate comenzaba a despegar, bancadas como las del movimiento Creemos ventilaron sus reparos.

Por ejemplo, en caso del diputado Juan Felipe Vélez Álvarez, este ya tenía ayer una ponencia negativa redactada, de unas 15 páginas, en las que argumentó que el proyecto no era viable por aparecer en un contexto económico adverso, golpear a las empresas, restarle incentivos a la inversión y no ser socializado.

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“Si bien el Departamento manifiesta la necesidad de contar con recursos adicionales para garantizar las necesidades de seguridad, y si bien se había mencionado la idea de obtenerlos por medio de fuentes alternativas, ha habido muy poca socialización con los diputados, gremios empresariales y ciudadanía en general sobre este proyecto de ordenanza”, planteó el diputado en su ponencia negativa. “La falta de comunicación y consenso puede llevar a una falta de apoyo y a una percepción de imposición unilateral de medidas que afectan a toda la población”, añadió.

Desde la bancada del Pacto Histórico, el diputado Manuel García Lozano también consideró que la sobretasa iba en contravía de los esfuerzos desplegados desde el orden nacional para modular el precio de la energía, que durante los últimos años se ha disparado e impactado al resto de la economía.

“Como diputado de Antioquia le solicito gobernador respetar las decisiones de la Asamblea de Antioquia y no tratar de ocultar las ilegalidades de ese proyecto de ordenanza y además cambiar la verdad del debate, el proyecto es ilegal y aumentaba más el costo de energía en Antioquía”, expresó el diputado Luis Eduardo Peláez.

Por su parte, el Comité Intergremial también cuestionó la iniciativa, no solo por representar un impacto negativo para la economía del departamento, sino por no haber sido discutida ampliamente con el sector privado y la ciudadanía.

“Antioquia y Colombia atraviesan por una serie de dificultades económicas y sociales, donde la gran mayoría de las actividades empresariales presentan decrecimientos significativos, lo cual impacta drásticamente el empleo y las condiciones de vida”, expresó esa organización en un comunicado que fue firmado por su presidente ejecutivo Nicolás Posada.