Medellín: Fiscalía desmantela red que habría lavado $2,3 billones del narcotráfico a través de empresas y criptoactivos

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la desarticulación de una presunta estructura criminal que, de acuerdo con la investigación, habría utilizado empresas, operaciones financieras y criptoactivos para introducir a la economía legal más de $2,3 billones provenientes, presuntamente, del narcotráfico. Como resultado del operativo fueron capturadas cinco personas y se aplicaron medidas sobre decenas de bienes en Medellín y Envigado.

Según el ente investigador, las operaciones se habrían desarrollado entre 2018 y 2026 mediante un entramado conformado por nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a actividades como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

La Fiscalía señaló que varias de estas compañías aparentemente no contaban con la infraestructura o capacidad operativa necesaria para desarrollar las actividades que tenían registradas y presentaban poca o ninguna actividad económica. Además, los investigadores encontraron presuntas inconsistencias entre sus estados financieros y los movimientos bancarios, así como operaciones de alto valor y transacciones entre las mismas sociedades.

Dentro de las maniobras investigadas también aparecen operaciones con criptoactivos. De acuerdo con la Fiscalía, fueron identificadas transferencias por millonarias sumas en USDT, una moneda digital vinculada al dólar, con empresas que tendrían relación con organizaciones dedicadas al narcotráfico y que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

La hipótesis de los investigadores señala que los recursos ingresaban al país a través del sistema financiero o mediante activos virtuales y posteriormente eran convertidos y retirados con rapidez. Parte del dinero habría sido destinado a la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, operaciones que, según la Fiscalía, permitirían ocultar su presunto origen ilícito e incorporarlo al circuito económico formal.

En el marco de la investigación fueron identificados cinco presuntos integrantes de la estructura. La Fiscalía señala a Hugo Daniel Giraldo Santamaría como supuesto cabecilla y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Carolina María Giraldo, su esposa, estaría relacionada con el manejo de grandes cantidades de dinero y con el conglomerado de empresas investigado.

Asimismo, Janeth Catalina Cano Santamaría habría coordinado la canalización, dispersión y monetización de activos virtuales; Johan Mateo Ruiz Orijhuela presuntamente habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso, ocultamiento y posterior conversión de los recursos; mientras que Luis Andrés Ospina Ochoa sería señalado de utilizar las sociedades investigadas para dar tránsito y mantener ocultos los dineros.

Las cinco personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico. El operativo fue adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo de la agencia estadounidense DEA.

Durante los procedimientos fueron incautadas seis armas de fuego, cuatro de ellas, según la Fiscalía, sin los permisos correspondientes, además de otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades para continuar con la investigación.

De manera paralela, las autoridades ocuparon tres inmuebles ubicados en Envigado y Barranquilla, cuyo valor preliminar se aproxima a los $2.500 millones, con fines de comiso.

En cuanto al proceso de extinción de dominio, la Fiscalía informó que fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes. El conjunto está integrado por cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio ubicados en Medellín y Envigado, con un valor estimado superior a los 10,2 millones de dólares.

La investigación busca establecer el origen y destino de los recursos y determinar la responsabilidad individual de las personas señaladas. Será competencia de las autoridades judiciales definir la situación jurídica de los capturados y establecer, conforme avance el proceso, si las conductas atribuidas por la Fiscalía fueron efectivamente cometidas.