Más de 5,8 millones de fotomultas quedarán sin validez en Colombia

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones —o fotomultas—. En total, más de 7,5 millones de comparendos están bajo revisión, y 5,8 millones de ellos deberán ser revocados de oficio.

Las irregularidades detectadas

Las investigaciones evidenciaron posibles incumplimientos frente a requisitos técnicos establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte. El señalamiento central apunta a la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas.

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La Superintendencia identificó tres tipos de irregularidades: 12 organismos iniciaron operaciones sin contar con dicho concepto; 7 operaron con conceptos expedidos a nombre de terceros; y 18 obtuvieron la certificación técnica después de haber puesto en marcha los sistemas. Entre los organismos investigados figuran autoridades de tránsito de Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otras.

Cifras y posibles devoluciones

Los organismos con mayor volumen de comparendos detectados son Cali, con 2,7 millones; Medellín, con más de 717 000; Bogotá, con cerca de 294 000; y Barranquilla, con más de 131 000. De los 7,5 millones de comparendos totales, 1 582 398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos, con recaudos que superan 1,05 billones de pesos.

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Las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver esos recursos y, adicionalmente, enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los 2,1 billones de pesos, conforme a la Ley 2251 de 2022. Los 5 832 906 comparendos pendientes de pago quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio, lo que beneficiaría potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.

Las voces del Gobierno

«Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias», afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien calificó la actuación como un precedente histórico en defensa del debido proceso.

Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, precisó que las actuaciones apuntan a las irregularidades en la operación de los sistemas, no a la seguridad vial. «Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley», sostuvo.

El Gobierno nacional indicó que continuará adelantando las actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y sus sistemas de fotodetección operen dentro del marco legal vigente.

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