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La semana pasada, el director de la UNP Augusto Rodríguez, tuvo unos días de incapacidad médica. En ese corto tiempo, el director encargado Javier Francisco Rincón fimró una resolución expedida el 31 de julio de 2026 en la que reforzó su esquema de seguridad a pocos días de la finalización del gobierno de Gustavo Petro.
EL COLOMBIANO conoció en primicia la resolución 008731 del 31 de julio, mediante la cual se le asignó a Rodríguez un esquema de protección compuesto por dos vehículos blindados, seis escoltas y un chaleco blindado.
Aunque este tipo de decisiones puede considerarse como algo habitual para funcionarios de alto nivel, fuentes consultadas por este diario al interior de la UNP aseguraron que, por regla general, “al dejar el cargo se autoriza un esquema integrado por un vehículo blindado y tres escoltas. En un tiempo de seis meses o un poco más, pero no un año. En el caso de Rodríguez, sin embargo, el esquema fue duplicado sin explicación alguna”.
En el documento se lee que el director encargado de la entidad acogió las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para Augusto Rodríguez Ballesteros, quien ocupaba el cargo de director general de la UNP.
Además, deja escrito que el esquema de protección aprobado sea extendido a su núcleo familiar por un periodo inicial de doce meses.
Según la resolución, la protección fue adoptada mientras Rodríguez aún figuraba como director general de la UNP y quedó vigente para su salida del cargo.
La resolución no explica en detalle las razones que llevaron al CERREM a recomendar un esquema de esas dimensiones, ni hace públicos los elementos de la evaluación de riesgo que sustentaron la decisión.
Tampoco se conocen, a partir del documento, los criterios específicos utilizados para concluir que era necesario asignar dos vehículos blindados y seis escoltas.
El acto administrativo fue expedido hace solo seis días y señala que las medidas podrán ser modificadas posteriormente por el CERREM conforme a la normatividad vigente.
La decisión abre interrogantes sobre los criterios con los que la UNP define los esquemas de protección para sus propios directivos y sobre los mecanismos existentes para evitar posibles conflictos de interés cuando las medidas benefician a quien hasta ese momento dirigía la entidad.
Desde EL COLOMBIANO se contactó a Augusto Rodríguez, pero hasta el momento no se obtenido respuesta.
La entidad adscrita al Ministerio del Interior, fundada en 2011 tras la liquidación del DAS, tiene como misión “identificar y gestionar medidas de prevención y protección para personas y comunidades en riesgo sobre su vida...”, una tarea muy importante que se puede estar desdibujando en presuntas irregularidades, pues este diario reveló a principios de 2024 cómo los esquemas de seguridad se estarían yendo para empleados administrativos y el mismo director de la Unidad.
No es la primera vez que este diario revela presuntos favorecimientos dentro de la Unidad Nacional de Protección.
El 26 de mayo de 2024, publiamos qe la UNP se afanó para ponerles escoltas a los “consentidos” del director Augusto Rodríguez, sin susento más allá de su criterio.
Esa “feria” de escoltas para sus directivos costaba $800 millones al mes, y se dio en medio de denuncias de acoso laboral y mal uso de los recursos.
En ese momento, este diario habló con por lo menos quince personas, entre funcionarios, exfuncionarios y escoltas, algunos de ellos de distintos sindicatos, que denunciaron presuntas irregularidades, despilfarro de contratos, negligencia en algunos pedidos de protección y quejas sobre el manejo a los esquemas de protección en la UNP.
El viernes 10 de marzo de 2023 Rodríguez firmó la directiva “DIR23-0000004”, en poder de este diario, para asignar y mejorar esquemas de seguridad a su círculo de funcionarios más cercano que cumple con tareas administrativas.
Empezó por él mismo: duplicó su esquema. A varios funcionarios les asignó un vehículo blindado, dos escoltas, chaleco de protección y un curso de autoprotección: los beneficiados son secretario general, subdirector de evaluación de riesgo, subdirector de protección, subdirector especializado de seguridad y protección, jefe de la oficina jurídica y coordinador del grupo de control disciplinario interno de la UNP.
Además, a los dos asesores de despacho de la Dirección General, al subdirector de talento humano, jefe de la oficina de control interno, jefe de la oficina asesora de planeación e información les asignó un vehículo “convencional”, dos escoltas y chaleco de protección. Sin embargo, este diario confirmó con fuentes y fotografías, que estos funcionarios también tendrían vehículo blindado.
Aunque los valores varían por el tipo de vehículo, contrato del escolta, viáticos y otros gastos, un esquema de seguridad básico actualmente está alrededor de los 50 millones de pesos (ver gráfico). Es decir, que al mes el esquema de Rodríguez y sus funcionarios cercanos le costaría a los contribuyentes entre 700 y 800 millones. El valor exacto no está incluido en la directiva, como tampoco otros detalles que sustenten la asignación de los esquemas.
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