Maduro y Cilia Flores se declararon inocentes ante una corte federal de Nueva York

Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela, se declaró inocente este lunes ante un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta serios cargos penales presentados por el Gobierno de Estados Unidos.

Durante su primera audiencia ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro rechazó las acusaciones que incluyen narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos relacionados con armas, y afirmó que es “un hombre decente” y que “sigue siendo el presidente de Venezuela”.

Maduro aseguró que fue capturado en su casa en Caracas, calificándose a sí mismo como “prisionero de guerra” y reiteró su inocencia ante la corte neoyorquina.

Su esposa, Cilia Flores, también compareció ante el tribunal y se declaró “completamente inocente” de los cargos que enfrenta en el mismo proceso. Ambos permanecen bajo custodia federal y, por el momento, no se ha concedido libertad bajo fianza.

El caso marca el inicio formal de uno de los juicios más complejos entre Estados Unidos y un antiguo jefe de Estado extranjero, en un contexto de alta tensión diplomática. La defensa de Maduro ha anunciado que cuestionará la legalidad de su captura y traslado a territorio estadounidense.

La próxima audiencia del proceso está programada para el 17 de marzo de 2026, fecha en la que se espera que se definan aspectos procedimentales del juicio.

New York — Footage Shows Maduro Arriving Under Heavy Escort

New video shows Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores stepping off a helicopter at a New York waterfront under heavy federal escort as authorities take them into custody ahead of court proceedings. pic.twitter.com/tx1JtrkkG0

— ZIONS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) January 5, 2026

Este evento judicial ocurre en medio de una situación política interna en Venezuela, donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha sido juramentada como presidenta encargada, tras la detención de Maduro y Flores.

Las autoridades estadounidenses sostienen que las acusaciones forman parte de una investigación por actividades criminales transnacionales, mientras que gobiernos aliados de Venezuela han expresado críticas sobre la operación y su legitimidad, generando un debate internacional en torno a soberanía y derecho internacional.