El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez ha confirmado al campo que alzar la voz para denunciar extorsiones del crimen organizado trae graves consecuencias. El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, que apareció con impactos de bala en la cabeza, contaba con tres escoltas y un vehículo blindado, pero no los usó el día del crimen. Las autoridades investigan la camioneta Toyota Tacoma color gris en la que apareció el cuerpo, propiedad de Bravo, pero que no solía manejar para sus reuniones. El único detenido por el caso, Rigoberto López Mendoza, está identificado por la Secretaría de Seguridad como uno de los jefes criminales de una célula de extorsionadores a productores limoneros de Apatzingán, a los que Bravo denunciaba incansablemente. En el momento de su arresto, portaba una credencial de la asociación de citricultores, lo que abre una línea de investigación sobre la infiltración del crimen organizado entre las organizaciones de agricultores.