Los denunciantes de supuestos gastos irregulares en la asociación de guardias civiles Jucil ganan una primera batalla judicial

La guerra judicial abierta en el seno de Justicia para la Guardia Civil (Jucil, la asociación mayoritaria entre los agentes del instituto armado) se vislumbra larga y enrevesada. El cruce de demandas y querellas interpuestas entre la actual dirección de la asociación, encabezada por su secretario general, Ernesto Vilariño, y los cinco exdirigentes críticos que denunciaron recientemente supuestos gastos irregulares ha registrado en las últimas horas dos nuevos episodios. El primero da una inicial victoria judicial a estos últimos en el procedimiento civil que iniciaron tras ser apartados de sus funciones, ya que la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de León, Eva María Puerto, ha ordenado el restablecimiento inmediato de sus derechos como asociados y la restitución cautelar en sus puestos ―varios eran delegados provinciales― mientras se resuelven los expedientes internos que les abrió el Comité Ejecutivo Nacional después de que hicieran pública aquella denuncia. El segundo lo protagoniza el secretario general, quien este jueves ha confirmado la querella que interpuso en febrero contra los cinco asociados díscolos por injurias, calumnias, revelación de secretos y coacciones en el Juzgado de Instrucción número 4 de esta misma ciudad.

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