Le embargaron el salario al diputado de Antioquia Manuel García, ¿por qué?

Una juez de Medellín ordenó el pasado 16 de agosto el embargo y la retención de la quinta parte de lo que exceda del salario mínimo los honorarios que devenga de su trabajo como diputado Manuel María García Lozano, del Pacto Histórico.

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Esto por cuenta de un pleito que desde hace meses tenía con Franklin Mestra Rivero, quien fue el gerente de su campaña a la Asamblea y además hizo parte, hasta el 15 de mayo pasado, de su equipo de trabajo en la Asamblea.

Mestra alega que en 2023, en el marco de un contrato acordado con García Lozano –quien era cabeza de lista y responsable de los pagos administrativos de la campaña– se pactó un contrato de trabajo para lo relacionado con la campaña de la colectividad.

Para Mestra, pese a que gracias a su trabajo García pudo quedar como diputado, a la fecha no ha recibido los honorarios pactados. Según el exgerente, el político hoy le adeuda cerca de $5,4 millones, los cuales requiere para su subsistencia.

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“Se firmó un acuerdo de pago con dos plazos, incumpliendo el diputado Manuel García Lozano, el primero de ellos, el pasado 15 de mayo de 2024. El diputado intenta ahora eludir sus obligaciones, trasladando toda la responsabilidad a los compromisos suscitados por la campaña, los cuales están registrados en Cuentas Claras y auditados por el Polo Democrático Alternativo, habiendo sido radicados ante el Consejo Nacional Electoral”, explicó Mestra en su momento.

En respuesta, el diputado había rechazado y desmentido las acusaciones de Mestra y, a través de unos pantallazos que publicó en su cuenta de X, pretendió demostrar que había pagado lo adeudado. “Serán las autoridades quienes den la última palabra”, escribió sobre el pleito hace tres meses, el pasado 23 de mayo.

Pues bien, la justicia ha dicho que García Lozano tendrá que pagarle a Mestre la suma de $5.408.543 “por concepto de capital correspondiente a la obligación contenida en el acuerdo de pago, más los intereses moratorios sobre la anterior suma, liquidados a la tasa máxima legal permitida (artículo 884 C. de comercio) a partir del 1 de junio de 2024 y hasta que se efectúe el pago total de la obligación”.

Mestre celebró esta decisión judicial: “Este fallo no solo reivindica mi labor como gerente de campaña, sino que también deja un mensaje claro y contundente que se debe respetar la palabra y los compromisos adquiridos, aún más en alguien que dice representar el gobierno del cambio”, señaló.

“Es inaceptable que después de haber cumplido con mis responsabilidades me haya visto obligado a recurrir a la justicia para que se reconozcan mis derechos y más frente a un diputado que por años se ha vendido como sindicalista y defensor de los derechos de los trabajadores”, concluyó.