La SIC multa a operador de telefonía por fallas en seguridad que facilitaban fraude de cambio de SIM

Investigación detectó que empresa no implementó mecanismos confiables de verificación de identidad; técnica del SIM Swapping permite a delincuentes vaciar cuentas bancarias

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de más de $4.600 millones a Movistar (Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC) mediante la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026, tras detectar fallas críticas en su proceso de validación de identidad durante la reposición de tarjetas SIM.

La sanción llega después de que la SIC identificara que Movistar «no implementó de manera adecuada mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios al momento de hacer la reposición de las tarjetas SIM», creando una puerta abierta para que delincuentes ejecutaran el SIM Swapping, una técnica sofisticada de fraude financiero.

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¿Qué es el SIM Swapping?

Según alertó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2024, consiste en engañar a un proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número telefónico de la víctima a una tarjeta SIM en poder del delincuente. Una vez que logran el control de la línea, pueden interceptar mensajes de texto e incluso códigos de verificación de dos factores que envían las entidades financieras, accediendo directamente a cuentas bancarias y servicios digitales.

Esta no es la única investigación en curso. La SIC también abrió investigaciones administrativas contra Tigo, Claro y WOM por presuntas fallas similares en seguridad. Si se comprueba incumplimiento, cada operador podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a aproximadamente $21.345 millones.

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En su defensa, Movistar aseguró que implementó cambios en sus protocolos de seguridad, pero la SIC determinó que las omisiones fueron sistemáticas y afectaron el patrimonio de múltiples usuarios. La SIC reiteró que continuará vigilando el sector de telecomunicaciones para «fortalecer la protección de los usuarios» y evitar abusos que comprometan la seguridad digital.

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